El cuerpo de Oliver Navarrete Hernández estuvo ocho meses y 12 días junto con los de 149 personas en una fosa común clandestina que la Fiscalía General del Estado (FGE) utiliza en Tetelcingo, municipio de Cuautla, para inhumar restos que nadie reclama o reconoce. Pero el cadáver de este joven sí había sido identificado por sus familiares.
Navarrete, de 31 años, fue secuestrado el 24 de mayo de 2013 en Cuautla; 10 días después fue encontrado muerto. Sus parientes reclamaron el cuerpo, pero la FGE lo retuvo y el 28 de marzo de 2014 lo enterró en un predio privado sin permisos del ayuntamiento ni de autoridades sanitarias para operar como fosa común o cementerio.
-"Con esto empezó todo", asegura Javier Sicilia a El Financiero.
"El tema es muy grave. El grado de inhumanidad; es una fosa de 3 por 4 metros con 4 metros de profundidad, donde hay 150 cuerpos. Cuando la autoridad dice que no es una fosa clandestina, sí lo era, cuando menos hasta que exhumaron el cuerpo de Oliver", dice.
Pero asegura que no es la única fosa donde la autoridad estatal ha ido a arrojar cadáveres de forma ilegal. "Hay otra fosa; está en Jojutla, y de esa sabemos porque quien fue la fiscal, Blanca Andrea Vera, habló de que ella misma había enviado cerca de 70 cuerpos a esa fosa, aunque no sabemos en qué condiciones fueron enviados, si hubo una investigación".
Familiares de Oliver exigieron a las autoridades que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) coadyuvara en la investigación. Lo impidieron.Jesús Alejandro Vera, rector de esa institución, dijo a El Financiero que "se habían tomado acuerdos con la autoridad, en donde se iba a decidir que la UAEM participara. Se iban a conocer los expedientes, en qué condiciones se habían inhumado los cuerpos, se iban a revisar pruebas y su validez y de ahí llevar un procedimiento de exhumación con protocolos científicos, pero llegado el momento de firmar la minuta, todo eso se negó como un derecho a las víctimas y la respuesta fue simplemente no".
"Seguimos exigiendo que se abra una investigación profunda, porque esto puede ser un parteaguas, porque así como hay en Morelos hay en Guerrero, en Jalisco y en muchas otras partes; si no esclarecemos esto, habrá que olvidarnos de cualquier Mando Único, que ni siquiera va a resolver el problema y lo único que va a hacer es seguir aterrorizando a la población y generar más violencia", agregó.
Sobre el Mando Único, Fabiola Colín, secretaria técnica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), aseguró a este diario que "no existe sensibilidad por parte de los servidores públicos en el marco del respeto, la protección y la salvaguarda de los derechos humanos".
Y se apoya en cifras: "el Mando Único inició operaciones en octubre de 2013; en tan sólo tres meses (hasta diciembre de ese año), recibimos 119 quejas de violaciones a derechos humanos; durante los nueve meses anteriores se recibieron 118. Para 2014, las quejas crecieron en más del doble, al llegar a 259, mientras que, a noviembre de 2015 se recibieron 194".
-¿Cuáles son las quejas más frecuentes?, se le preguntó. "Detenciones arbitrarias, lesiones, allanamientos, ejercicio indebido de la función pública y tortura", respondió.
Sicilia reflexiona: "Cuando vez dos ejecutados en Santa María, dos en Ocotepec, a dos chicas violadas y asesinadas en un bar, jóvenes levantados... te hacen pensar que la respuesta del gobierno del estado al problema de la inseguridad es inexistente".
