CIUDAD DE MÉXICO.- John Auping Birch, un ciudadano holandés radicado desde hace más de tres décadas en México, está a punto de lograr lo que las autoridades de la ciudad no podido en años: abrir por completo y en forma permanente la circulación en avenida Bucareli, en inmediaciones de la Secretaria de Gobernación.
El profesor de economía de la Universidad Iberoamericana, obtuvo un amparo en el que alegó la omisión de diversas autoridades de la ciudad de México para asegurar el libre tránsito sobre avenida Bucareli.
Ricardo Gallardo Vara, Juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa, concedió el amparo 345/2016 y ordenó a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México retirar la obstaculización al tránsito frente a Gobernación, instalada ante las constantes manifestaciones de grupos sociales.
Dijo que esto se debe realizar con absoluto respeto de la vida e integridad personal de manifestantes, así su derecho a expresarse libremente. "Yo no estoy contra la libre manifestación, sino contra la afectación a terceros", dijo el quejoso.
Auping Birch reclamó en su amparo la omisión del Jefe de Gobierno, y los secretarios de Movilidad y Seguridad Pública, de aplicar la Ley de Movilidad, en lo relativo a la obligación de asegurar la utilización de las vialidades a sus habitantes con lo que se "vulnera su libertad de tránsito".
Dijo que al advertir la imposibilidad para transitar por Avenida Bucareli, en el tramo comprendido desde la Calle Morelos hasta la Secretaría de Gobernación, decidió promover el recurso legal en marzo pasado.
Aseguró que la problemática surge por un plantón de manifestantes instalado en esa zona y por las acciones tomadas por la Secretaría de Seguridad Pública consistentes en cortes a la circulación en Bucareli y hacer reversible la calle de Morelos, colonia Centro.
"Eso me perjudica porque impide circular por Avenida Bucareli y lo obligaba a transitar en sentido contrario por la calle Enrico Martínez", está última calle donde acreditó tener su domicilio.
Al respecto, el Juez Gallardo Vara reconoció que la manifestación pública se reconoce como un medio para expresar opiniones y como mecanismo de exigencia para que se permita el ejercicio pleno de derechos humanos.
Sin embargo, explicó que uno de los derechos que con mayor frecuencia resulta afectado por ese derecho es la libertad de tránsito, que implica el goce efectivo de transitar por donde se desee y una obligación positiva de las autoridades estatales de asegurar las condiciones dignas para transitar sin ser objeto de amenazas u hostigamientos arbitrarios de terceros o del Estado.
"El conflicto de derechos obliga a las autoridades a realizar una armonización, a efecto de implementar medidas adecuadas para hacer compatibles los intereses en juego", dijo el Juez.
Señaló que los cortes a la vialidad y aplicación de vialidades reversibles, son constitucionalmente legítimas, porque tiende a garantizar el libre ejercicio del derecho a la manifestación, pero no cumplió con el requisito de necesidad, al no resultar la opción menos gravosa para el derecho afectado (el libre tránsito).
La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México no ha hecho ninguna manifestación con relación a estos hechos, ni ha advertido si desalojará la vialidad o impugnará la decisión.
