Ante casos de urgencia obstétrica, es necesario que los hospitales del sector público atiendan en tiempo y forma a embarazadas, propusieron senadores priístas, al relatar que deben cesar tratos médicos denigrantes o discriminatorios en el país.
Tal y como lo mandata la Constitución, en todo el territorio nacional debe garantizarse el servicio de salud a cualquier persona que solicite servicios en este sentido, indicaron.
Explicaron que con cierta regularidad se presentan casos que atentan contra la dignidad humana, sobre todo de mujeres indígenas embarazadas, como ocurrió en junio de 2015, cuando una mujer dio a luz en la calle porque se le negó el acceso a un centro hospitalario.
Hechos similares se han dado en la capital, dijeron, según información de la Comisión de Derechos Humanos del DF, que ha formulado recomendaciones a 23 expedientes de quejas y denuncias de violencia contra mujeres embarazadas o al término del periodo de gravidez.
Los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hicieron notar que a través de medios de comunicación se da cuenta del maltrato, la negligencia y la falta de atención oportuna por personal médico, enfermeros, paramédicos y elementos de seguridad de algunos centros hospitalarios públicos en varias partes del país.
