Abraham Dávila Rodríguez, aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), enfrenta denuncias civil y penal presentadas por su expareja, Miriam Alejandra Peraza Astorga.
La mujer lo acusa (en el expediente 1702/2018) de negligencia en el pago de pensión alimenticia para sus dos hijos, así como tráfico de influencias, según la carpeta de Investigación 320/2024.
“Me ha amedrentado y amenazado, diciéndome que hiciera lo que quisiera, que él no me iba a pagar un centavo, que incluso conocía a toda la fiscalía y a todo el Poder Judicial del estado, que nunca le harían nada”, explicó Alejandra Peraza Astrorga.
Explicó que, ante la situación, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Jalisco, estado en el que radica el aspirante a la SCJN.
Asimismo, relató que ya presentó una queja administrativa ante la Secretaría General del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, donde le fue asignado el número de expediente 246/2024.
Su objetivo es que el aspirante se haga cargo de sus responsabilidades civiles y si su negativa implica que pierda su candidatura “pues que asuma las consecuencias de sus actos”, agregó la mujer.
Candidatos con ‘pasado oscuro’ continuarán en la elección judicial 2025
El Senado tiene que esperar los resultados de las elecciones judiciales para que se resuelva la elegibilidad de 26 candidaturas o, en su caso, informar expresamente que se desiste de postularlos, expresó la consejera electoral Norma de la Cruz Magaña, integrante de la Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario para la Elección de Diversos Cargos del Poder Judicial de la Federación, en entrevista con El Financiero.
Ante el oficio que envió la Cámara alta a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) para pedir que elimine a 26 candidatos que tienen carpeta de investigación o están ligados a la delincuencia organizada o no cumplen con el promedio de 8, el instituto pretende dar una respuesta en su sesión de este jueves.
“Nosotros no hicimos los registros, no podemos efectuar un acto de autoridad que no hicimos. Hay un momento procesal que sí le toca al INE, eso será una vez que tengamos los resultados de las elecciones, eso sí lo mandata la reforma. Por eso dijeron que el INE tiene que revisar la elegibilidad, y también tiene que garantizar la integración paritaria.
Con información de Diana Benítez
