AGUASCALIENTES, Ags.- La Sala Administrativa y Electoral (SAE) del Poder Judicial del estado declaró improcedente el recurso de impugnación de la elección de gobernador, ganada por el panista Martín Orozco Sandoval el pasado 5 de junio, interpuesto por la Alianza Grande y Para Todos, integrada por el PRI, PVEM, PT y Panal.
En el proyecto de sentencia leído, que fue votado a favor por los tres magistrados del órgano jurisdiccional, se desestimó uno a uno los cuatro argumentos manejados por la "megalianza", como son: inelegibilidad de Orozco Sandoval, por estar sujeto a juicio penal; intromisión indebida de la Iglesia Católica, así como del ayuntamiento de Aguascalientes en el proceso, y rebase del tope de campañas.
En el primer caso, se estableció que el proceso abierto en contra del ahora gobernador electo fue suspendido por un juicio de garantías y que, por tanto, no había impedimento jurídico alguno para que asumiera y ejerciera el cargo.
Respecto a la intromisión de la iglesia católica se concluyó que no existen pruebas suficientes para sustentar una probable violación del artículo 130 constitucional y, en lo particular, para demostrar que el actuar de ministros de esa religión, antes de la elección, fuera determinante en el resultado de la misma.
Esto fue apuntalado con el argumento de que el 93 por ciento de la población de Aguascalientes es católica y que, comparativamente, solo un 27 por ciento de la Lista Nominal de Electores (LNE) votó por el panista.
Los magistrados rechazaron también el punto sobre el reparto de despensas durante el periodo electoral por parte de la alcaldía de Aguascalientes con el argumento de que correspondía al programa Social "Juntos Nutrimos a Aguascalientes", el cual no podía suspenderse.
Descalificaron también que se hubieran rebasado los topes de campaña en un 21 por ciento, como estableció la alianza.
Antes de que fuera dada a conocer la resolución, la dirigente del PRI estatal, Norma Esparza Herrera, reiteró que los cuatro partidos coaligados recurrirían en segunda instancia a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El magistrado presidente de la SAE, Enrique Franco Muñoz, no descartó esa posibilidad, aunque consideró que el TEPJF ratificaría la sentencia del órgano local.
