Con 28 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones, se aprobó en lo general y particular el dictamen de la Ley de Aguas en la Comisión de Recursos Hidráulicos, por lo que la iniciativa pasará al pleno de la Cámara de Diputados este mismo miércoles 3 de diciembre.
Por esta razón, este dictamen fue enviado a la mesa directiva para que comience su debate en el pleno de inmediato, ante la advertencia de los agricultores de un bloqueo de 48 horas frente al recinto.
A pesar de la movilización de los campesinos, el documento se votó a favor y se espera que el cerco de los productores se mantenga en San Lázaro, donde podrían extenderse las protestas entre hoy y mañana jueves, si no se toman en cuenta sus demandas.
Los manifestantes, quienes llegaron en una caravana de tractores frente a la Cámara de Dipiutados, exigen cambios en la Ley de Aguas y también amagan con extender sus reclamos hasta el próximo 6 de diciembre, fecha del festejo por los 7 años de la 4T en el Zócalo.
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¿De qué trata la Ley de Aguas y por qué protestan agricultores?
La reforma —pendiente desde la derogación de la Ley de Aguas Nacionales ordenada por la Suprema Corte y retrasada durante varios gobiernos— es uno de los componentes de la agenda legislativa prioritaria de Sheinbaum, junto con los cambios constitucionales en materia energética, judicial y de bienestar.
El sector agropecuario acusa que la nueva ley afecta a concesiones, productividad y seguridad alimentaria. Sin embargo, el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, afirmó que con la Ley General de Aguas se acabarán el acaparamiento, la sobreexplotación y todas las prácticas abusivas.
“Vamos a terminar con el mercado negro para que no se venda en beneficio de particulares y a costa del derecho de las mayorías, para que quienes hoy reciben agua de manera gratuita y la venden y hacen negocio ya no puedan hacerlo más”, añadió.
Sobre las concesiones, dijo que la “ley vigente permite la concentración de múltiples títulos de concesión de agua en una o varias personas o empresas, lo que provoca escasez en comunidades y afecta a pequeños productores”.
En la Ley de Aguas Nacionales se agrega, en unartículo 123 Bis, que “se impondrá pena de dos a diez años de prisión y de 400 a 4 mil días de multa a quientraslade aguas nacionales con fines de lucrosin contar con la autorización o permiso expedidos por la autoridad competente”.
Se impondrá esta misma pena “a quien, sin autorización expedida por la autoridad competente, altere, desvíe u obstruya los cauces, vasos, corrientes o flujos de aguas nacionales y genere afectación directa a las condiciones hidráulicas o pongan en peligro la vida de las personas o la seguridad de sus bienes o de sus ecosistemas vitales”.
