El nombre de Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, resuena en los pasillos de la justicia mexicana como una sombra esquiva. Su perfil, asociado al Cártel de Sinaloa y la lucha por el control del tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, ha sido constantemente marcado por una serie de arrestos y, sobre todo, liberaciones.
La historia de “El Chapo Isidro” no solo es un reflejo de la violencia en las regiones controladas por los cárteles, sino también de la compleja relación entre el crimen organizado y las instituciones del Estado.
“Chapo Isidro”, 11 años huyendo de la justicia mexicana
La primera vez que Meza Flores fue detenido fue en 2014, cuando las autoridades mexicanas lograron apresarlo en un operativo en Sinaloa. Sin embargo, poco después de su captura, las pruebas que se presentaron en su contra fueron cuestionadas por diversos actores políticos, lo que permitió que el narcotraficante recuperara su libertad al poco tiempo.
Para muchos, este episodio fue el inicio de una serie de interrogantes sobre la vulnerabilidad del sistema judicial mexicano frente a figuras del crimen organizado.
El segundo arresto se produjo en 2016, nuevamente en Sinaloa. Esta vez, su nombre ya estaba vinculado a la intensificación de las operaciones delictivas del Cártel de Sinaloa. Pero, en 2017, una vez más, Meza Flores fue liberado por la justicia, esta vez debido a una serie de irregularidades legales que hacían que su detención fuera inválida, según los defensores de derechos humanos.
A pesar de los esfuerzos de las autoridades para detenerlo definitivamente, El Chapo Isidro ha escapado una y otra vez del sistema, dejando en evidencia las fallas de las estructuras que deberían garantizar la justicia en el país.
EU pone en la mira al líder de los Mazatlecos
La constante liberación de este peligroso capo ha generado alarma tanto en México como en los Estados Unidos, donde las agencias federales continúan buscando su captura definitiva.
