Para que el Estado Mexicano “recobre el régimen del agua para su justa distribución”, la presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa que expide una nueva Ley General de Aguas, y una reforma a la actual Ley de Aguas Nacionales con sanciones de hasta 12 años de cárcel a quien lucre con ella.
En la Ley de Aguas Nacionales se agrega, en un artículo 123 Bis, que “se impondrá pena de dos a diez años de prisión y de 400 a 4 mil días de multa a quien traslade aguas nacionales con fines de lucro sin contar con la autorización o permiso expedidos por la autoridad competente”.
Se impondrá esta misma pena “a quien, sin autorización expedida por la autoridad competente, altere, desvíe u obstruya los cauces, vasos, corrientes o flujos de aguas nacionales y genere afectación directa a las condiciones hidráulicas o pongan en peligro la vida de las personas o la seguridad de sus bienes o de sus ecosistemas vitales”.
Hasta 12 años de prisión por manipular medidores o concesionar agua ilegalmente
Además, “se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de 300 a 3 mil días de multa a quien modifique o altere las instalaciones, equipos o dispositivos de medición de volúmenes de aguas nacionales con la finalidad de simular un consumo menor al efectivamente realizado y obtener con ello un beneficio económico”.
También ordena que “se impondrá pena de dos a doce años de prisión y de 400 a cuatro mil días de multa a la persona servidora pública que otorgue concesiones, asignaciones, prórrogas, permisos o registre títulos de concesión, asignación, permisos o prórrogas para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales a cambio de un beneficio no comprendido en su remuneración para sí, para su cónyuge, parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, parientes civiles hasta el segundo grado o para terceros con quien tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que la persona servidora pública o las personas antes referidas forman parte”.
Y “se impondrá pena de uno a 12 años de prisión y de 300 a 3 mil días de multa a quien solicite concesiones, asignaciones, prórrogas, permisos o el registro de títulos de concesión, asignación, permisos o prórrogas para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales mediante el ofrecimiento o entrega de dádivas a la persona servidora pública facultada para autorizar dichos trámites”.
Anuncian la creación del Sistema Nacional de Gestión Integral del Agua
En su exposición de motivos, señala al agua como un bien público de interés nacional, cuya gestión debe realizarse bajo principios de “sustentabilidad, equidad y transparencia, con la participación activa de comunidades, pueblos indígenas y autoridades locales”.
Establece también un Sistema Nacional de Gestión Integral del Agua, encargado de coordinar políticas entre los tres niveles de gobierno y de establecer mecanismos de planeación, monitoreo y rendición de cuentas sobre el uso y conservación de los recursos hídricos.
Ordena que se garanticen condiciones de acceso universal y asequible al agua potable, el fortalecimiento de la infraestructura para su tratamiento y saneamiento, para lo que se propone la implementación de programas regionales de protección de cuencas, con énfasis en aquellas que presentan altos niveles de estrés hídrico.
Además, anuncia una revisión de concesiones y derechos de uso del agua, con el objetivo de priorizar el consumo humano y doméstico sobre cualquier otra actividad económica, al tiempo que se promueve una gestión responsable en los sectores agrícola e industrial.
