A pesar de los discursos sobre el “buen gobierno”, la transparencia y la cero corrupción, casi la mitad de las compras revisadas en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum presentaron irregularidades, y en 44.4% de las mismas hubo sanciones.
Los 64 nuevos Testigos Sociales activados por el actual gobierno –figuras encargadas de supervisar las compras y obras públicas– reportaron que, entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de julio de 2025, de las operaciones revisadas emitieron 369 resoluciones, de las cuales, 164 (44.4%) fueron sancionatorias.
Así lo reportó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) en su Informe de Labores entregado por separado al Poder Legislativo, en el que indica que “de las 164 resoluciones sancionatorias, 51 fueron con multa y 113 con multa e inhabilitación. Se impusieron (sanciones) por un monto de 70.1 millones de pesos”, precisa.
Indica también que “de 70 medios de impugnación resueltos, 65.7% corresponde a 46 resoluciones confirmadas por autoridades competentes, en los 24 (34.3%) restantes, se decretó su nulidad”.
El reporte resalta que “en la planeación, desarrollo y ejecución de las licitaciones públicas que consolidan bienes y servicios, se destaca la importancia de revisar que los actos que las conforman se emitan en apego a la legalidad”.
“Ejemplo de ello fue el caso de la compra consolidada de medicamentos para los ejercicios 2025-2026, en la cual se declaró su nulidad total por acreditarse irregularidades en el procedimiento de contratación, acontecimiento sin precedente y preventivo para el ejercicio correcto de los recursos públicos, evitando un desfalco por 15 mil mdp”, expone.
Explica que, con la expedición en abril de 2025, de la nueva Ley de Adquisiciones se fortaleció al Testigo Social para generar mayor confianza ciudadana en las acciones de gobierno, y la actual administración incrementó en 68% el número de testigos registrados en el padrón de la secretaría, al pasar de 38 a 64.
Con ello, se estableció un nuevo modelo para la operación de esos testigos, con el desarrollo de herramientas digitales, logrando la reducción de tiempos de atención de las solicitudes de testigos que presentan las entidades y dependencias, al pasar de 20 a sólo dos días hábiles.
Anota el documento que, del 1 de enero al 31 de julio de 2025, se atendieron 63 solicitudes de designación de testigo social, que impactaron en la revisión de procedimientos de contratación pública con un monto estimado de 273 mil millones de pesos, cifra 20% superior al monto estimado para los procedimientos de contratación atestiguados durante 2024.
Aunque la figura del Testigo Social tiene más de dos décadas de presencia, a partir del 1 de octubre pasado, al inicio del actual gobierno, “se fortaleció y democratizó como un mecanismo de participación ciudadana”, que se compone por 57 personas físicas y siete personas morales, cuyo objetivo es vigilar la legalidad y transparencia de los procesos de compra.
Aclaración respecto a la nota de El Financiero titulada “Revisión de compras de gobierno arroja anomalías en 44% de ellas, según SABG”
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) considera importante precisar la información publicada el 6 de octubre por El Financiero, ya que el encabezado y parte del contenido pueden inducir a interpretaciones erróneas sobre el desempeño de las compras del Gobierno de México.
El porcentaje de 44 % mencionado en la nota no se refiere al total de las compras del Gobierno de México, sino únicamente a un subconjunto de 369 procedimientos revisados por la SABG durante el periodo del 1 de octubre de 2024 al 31 de julio de 2025. Es importante precisar que estas 369 operaciones corresponden únicamente a una de las múltiples modalidades de supervisión que realiza la SABG. De esos 369 casos, 164 derivaron en resoluciones sancionatorias, lo que equivale efectivamente a 44 % de ese subconjunto.
Sin embargo, durante ese mismo periodo, el Gobierno Federal realizó más de 89 mil operaciones de compra. Por lo tanto, las 164 resoluciones sancionatorias representan aproximadamente el 0.18% del total de adquisiciones realizadas, no el 44 % como podría inferirse del título de la nota.
En el compromiso de informar con veracidad y precisión a la sociedad, es fundamental distinguir entre:
- el universo total de compras gubernamentales, y
- el universo de casos revisados por la SABG, que se enfoca precisamente en operaciones con posibles alertas o denuncias.
Presentar el porcentaje de sanciones dentro de ese subconjunto como si representara la totalidad de las compras públicas distorsiona la magnitud real de las observaciones y no refleja el desempeño real del sistema de adquisiciones.
Cabe destacar también la dimensión preventiva de la supervisión: la Secretaría realiza acompañamientos, monitoreos aleatorios y análisis de riesgo, con el objetivo de detectar y corregir posibles irregularidades antes de que se materialicen. Cuando estos mecanismos funcionan adecuadamente, las irregularidades se evitan antes de que ocurran, y por tanto las compras no llegan a procesos de revisión o sanción.
Por otra parte, la nota también menciona que, “los testigos sociales emitieron resoluciones y sanciones”. Esto también es incorrecto. Los testigos sociales son personas físicas o morales que participan en los procesos de contrataciones públicas, como representantes de la ciudadanía y su objetivo es coadyuvar a vigilar la legalidad y transparencia de estos procesos. Entre sus atribuciones, no se encuentra emitir resoluciones y sanciones, facultad que es exclusiva de la SABG.
Finalmente, cabe subrayar que transparencia, cero corrupción y buen gobierno no son meramente discursos, como señala la nota, sino compromisos que se expresan en resultados concretos: en un sistema de contrataciones cada vez más vigilado, en sanciones efectivas cuando hay irregularidades y en una mejora continua de los procesos de compras públicas.
