El principal desafío que la presidenta Claudia Sheinbaum ha enfrentado durante su primer año de gobierno, además de la inseguridad, la crisis de desaparecidos, el desabasto de medicinas y el déficit fiscal ha sido la constante tensión en la relación bilateral con Estados Unidos, derivada de la presión para cumplir con exigencias de seguridad y freno a las drogas y la migración.
El republicano Donald Trump, desde que asumió como presidente de Estados Unidos el 20 de enero y quien ha sostenido nueve llamadas telefónicas con Sheinbaum, ha mantenido la amenaza al gobierno mexicano de imponer un arancel de 25% a los productos procedentes de México por no hacer lo suficiente para hacer frente a la emergencia que enfrenta la Unión Americana por el consumo de fentanilo y la entrada de extranjeros ilegales, lo cual ha tenido efectos económicos, de inversión y de percepción.
La Casa Blanca, desde donde se ha afirmado que “las organizaciones mexicanas de narcotraficantes mantienen una alianza intolerable con el gobierno de México”, no sólo ha presionado a Palacio Nacional con la imposición de aranceles, sino, incluso, con una posible intervención militar en territorio mexicano para combatir a los cárteles que fueron designados como terroristas.
Ante ello, la mandataria mexicana, quien ha rechazado ese planteamiento, ha dado un giro a la política de seguridad de su gobierno, dejando atrás el “abrazos, no balazos” de su antecesor, con las siguientes acciones: Ha movilizado 10 mil elementos de la Guarda Nacional a la frontera con Estados Unidos y ha entregado a Washington a 55 miembros del crimen organizado, entre ellos Rafael Caro Quintero, señalado como responsable del asesinato del agente de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena. Además, dentro de los acuerdos de colaboración, ha solicitado el vuelo de drones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), sobre el espacio aéreo mexicano para realizar “una investigación especial de delincuencia organizada” y, sobre todo, ha logrado importantes cifras de detenciones de miembros del crimen organizado y decomisos de droga, lo cual ha derivado en la reducción de 50% del tráfico de fentanilo, reconocido por las autoridades estadounidenses.
No obstante, no ha sido suficiente para Trump, quien, aunque se ha referido a ella como como “una mujer estupenda”, ha insistido en que “México está dirigido por los cárteles” y la mandataria mexicana “tiene miedo” y “está muy asustada”.
Ante ello, el gobierno de Sheinbaum, a través del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz, no sólo ha abierto investigaciones y liberado órdenes de aprehensión en el caso de Hernán Bermúdez, líder del cártel ‘La Barredora’ y nombrado por Adán Augusto López como secretario de seguridad de Tabasco cuando fue gobernador de esa entidad, sino además ha abierto el mayor caso de microcriminalidad en México, conocido la red de como huachicol fiscal, liderada por el vicealmirante Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando, ambos sobrinos políticos del almirante Rafael Ojeda, exsecretario de Marina. El caso ha derivado en la detención de 14 personas, seis de ellos marinos, tres empresarios y cinco funcionarios.
A lo anterior se suma la dura política migratoria del presidente Trump, que incluye deportaciones masivas de migrantes, la reactivación de la construcción del muro y candados para la emisión de visas y permisos.
En lo legislativo: herencias, presiones, aciertos y bloqueos
El primer año de Sheinbaum en lo legislativo estuvo marcado por presiones de Donald Trump, bloqueos de su propia coalición, polémicas, críticas y aciertos.
Más allá de las iniciativas obligadas y heredadas por el expresidente López Obrador, arrancó con cambios a seis artículos de la Constitución: el 4, 21, 41, 73, 116, 122 y 123, para garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres, la paridad en todos los cargos de la administración pública y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Ante las presiones y amenazas del presidente de Estados Unidos, la mandataria modificó los artículos 19 y 40 de la Carta Magna, en materia de defensa de la soberanía nacional, estableciendo que “El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero”.
No obstante, estas presiones han permitido avances obligados y apresurados en reformas sobre inteligencia e investigación al crimen organizado, la extorsión, las desapariciones, pero sin una profesionalización de los cuerpos policiacos.
Son avances, pero “la incorporación de la Guardia Nacional a la estructura burocrática de la Secretaría de la Defensa Nacional es la formalización del proceso de militarización; reduce, de forma incongruente, los incentivos para la profesionalización de las policías”, señaló a El Financiero el politólogo Luis Carlos Ugalde.
La mayor polémica en lo que va de la administración ha sido su aval a la reforma al Poder Judicial y de la elección ciudadana de los juzgadores, propuesta por López Obrador y criticada por diversos sectores empresariales, políticos, académicos y sociales.
“¿Es esto un avance democrático?, no, porque el sistema democrático requiere un Poder Judicial que someta al escrutinio a los poderes electos popularmente, y la calidad de una democracia no se mide porque todos sean elegidos por el voto del pueblo, sino porque los del Poder Judicial, sin estar sujetos a los ciclos electorales, puedan defender la Constitución y las leyes”, agregó Ugalde.
La Ley de Telecomunicaciones es otra de las más criticadas, por ser calificada como la “ley censura”.
Entre sus aciertos, destaca “la propuesta original de Sheinbaum de prohibir el nepotismo, que es algo muy positivo”, estima el expresidente del INE.
“Lo que es muy preocupante es que dentro de su misma coalición –de Morena, PVEM y PT– le hayan bloqueado esta iniciativa para entrar en vigencia en 2030 y no en 2027”, resaltó.
Privan en salud recortes y falta de medicinas
El primer año de Claudia Sheinbaum en materia de salud se caracterizó por un recorte al presupuesto, por la reducción de la cobertura de vacunación y por el retraso en la compra consolidada de medicamentos.
Sheinbaum asumió el cargo el 1 de octubre de 2024 y el 15 de noviembre del mismo año presentó a la Cámara de Diputados el presupuesto para 2025 con un recorte de 12.2% en salud en comparación con el año anterior.
El recorte se concretó el 12 de diciembre y el sexenio inició con una inversión en salud de apenas 2.4% del PIB, una cifra que no se había visto desde 2019, cuando llegó apenas a 2.3%.
El programa de vacunación fue uno de los rubros más castigados en el PEF 2025, pues tuvo un recorte de 10 mil 56 mdp, y eso contribuyó al brote de sarampión que, con corte al 22 de septiembre de 2025, acumula 4 mil 645 casos y 21 muertes en 23 estados.
Cuatro meses después, el 9 de abril, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno anuló la compra consolidada que incluía la adquisición de 4 mil 982 millones de piezas de medicamentos, tras detectar sobrecostos por 13 mil millones de pesos en la adjudicación de 6% de las claves licitadas.
Ese retraso provocó desabasto de medicamentos, principalmente oncológicos, de acuerdo con la abogada Andrea Rocha, quien a través de amparos ha promovido el acceso a los fármacos.
Para Abraham Zamora, consultor en asuntos públicos, el recorte a salud y el desabasto de medicamentos se debe a que la administración de Sheinbaum está reordenando el sistema de salud que el expresidente López Obrador modificó en múltiples ocasiones.
Un año de claroscuros en combate a la inseguridad
Claudia Sheinbaum llegó a su primer año de gobierno con claroscuros en materia de seguridad.
Si bien ha habido una baja en la incidencia de algunos delitos graves, como secuestro y homicidio doloso, otros como la extorsión y la desaparición de personas registran una tendencia al alza de entre 26 y 96%.
Sheinbaum dejó atrás la política de “abrazos y no balazos” de López Obrador y, en cambio, aplica una estrategia de combate frontal al crimen. Con ello se han dado golpes a los cárteles, pero aún no se coronan con sentencias ejemplares, ni el desmantelamiento por completo de las estructuras de estos grupos.
“Si los impactos de seguridad ciudadana a nivel federal en el combate al delito no se reflejan en sentencias efectivas y maxiprocesos, acaba siendo un fracaso”, dijo José Antonio Álvarez León, profesor de la FES Acatlán de la UNAM.
Estimó que el gobierno de Sheinbaum tiene aún muchos pendientes en materia de seguridad, entre ellos eficientar la prevención del delito y lograr un control hacia el interior de las estructuras de gobierno.
“Los delitos cometidos por servidores públicos son un tema que sigue en el tintero”, añadió Álvarez León. En esta administración han salido a la luz casos graves de corrupción, como el de Hernán Bermúdez, que en el gobierno de Adán Augusto López en Tabasco era jefe de la policía y a la vez líder de ‘La Barredora’.
Pero el caso más significativo es el del huachicol fiscal, donde hay un evidente involucramiento político y de altos funcionarios de la Marina y otras dependencias. “Es la punta del iceberg que no se había atacado, pero que ya salió a flote y está presente”, explicó el especialista, quien aclaró que de nada sirve que se detenga a unos cuántos implicados, si no se generan detenciones.
Dijo que cubrir a los responsables para no manchar las siglas de un partido es como atarse la soga al cuello. “La presidenta Sheinbaum va a tener que destapar la cloaca, involucrar a quien tenga que involucrar”.
Presencia internacional, el cambio más importante en el gobierno de Sheinbaum
Si bien la política exterior es una muestra de continuidad del obradorismo, Claudia Sheinbaum le ha dado algunos matices.
El principal de ellos, la participación en foros internacionales. Recién arrancó su gobierno, la presidenta acudió a la Cumbre del G20, algo nunca hecho por López Obrador.
“El cambio más importante es un incremento muy moderado de la presencia internacional de México”, comentó Jorge Schiavon, académico de la Universidad Iberoamericana en entrevista con El Financiero.
La relación bilateral con Estados Unidos se mantiene como protagonista; sin embargo, para Schiavon Uriegas, “estamos transitando no a la cooperación sino a la imposición, con inicios de subordinación. México sí está atendiendo, de manera soberana, las peticiones de Estados Unidos”.
El senador Marko Cortés, presidente de la Comisión de Organismos Internacionales, reprobó el manejo de la relación bilateral. “México ha estado a las órdenes (de EU), baila al son que le toquen, recordemos estas extradiciones, ¿a cambio de qué?”.
