El grupo mayoritario de Morena en la Cámara de Diputados adelantó que en la agenda del periodo ordinario se incluye una reforma para regular el “colosal mercado” del comercio electrónico.
Ricardo Monreal, coordinador de los diputados federales morenistas, dijo que presentará una iniciativa de reforma al artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para combatir el “patrón sostenido de opacidad y ausencia de mecanismos efectivos para suspender cobros recurrentes o cancelarlos”.
Expresó que en México “el comercio electrónico es ya un mercado de dimensiones colosales, que en 2024 superó los dos billones de pesos y representó más de 6% del PIB nacional”.
También expuso que el año pasado “más de 67 millones de personas realizaron compras en línea, lo que coloca al país entre los 15 mercados con mayor dinamismo en ventas minoristas digitales”.
No obstante, destacó que “el crecimiento acelerado no se acompaña de reglas claras para proteger a los consumidores de renovaciones automáticas sin aviso, notificaciones poco transparentes y procesos de cancelación diseñados para desalentar al usuario, lo que se ha convertido en obstáculos cotidianos que afectan la confianza en el mercado digital”.
Monreal precisó que entre las malas prácticas que persisten está que para el usuario es muy sencillo activar suscripciones o aceptar renovaciones automáticas; en cambio, cuando intenta cancelarlas, se enfrenta a procesos ocultos en menús poco visibles o a una serie de pasos innecesarios que terminan por desincentivar la baja.
“Estos ejemplos no son aislados y forman parte de un patrón sostenido de opacidad y de ausencia de mecanismos efectivos para suspender cobros recurrentes”, explicó.
Lo anterior, agregó, “deja evidencia de que los derechos que hoy reconoce la ley de manera abstracta –información suficiente y protección frente a prácticas abusivas– resultan insuficientes si no hay reglas específicas que impongan obligaciones claras a los proveedores y aseguren procesos de cancelación simples e inmediatos”.
El morenista comentó que con la iniciativa, “la primera obligación sería garantizar información clara, destacada y accesible sobre si el servicio contratado implica pagos automáticos”.
Lo que incluye especificar la periodicidad, el monto y la fecha exacta del cobro, además de notificar al consumidor con al menos cinco días de anticipación la renovación.
Con ello –consideró– “se cerraría la puerta a los cobros sorpresivos y se reforzaría el principio del consentimiento informado. La segunda disposición plantea la creación de un mecanismo de cancelación inmediata, sin trabas, penalizaciones ni requisitos adicionales”.
