A pocos días de concluir su gestión como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Norma Piña Hernández señalo la existencia de una estrategia sistemática desde el Ejecutivo para debilitar al Poder Judicial.
En entrevista con Aristegui En Vivo, la ministra admitió que la Corte “quedó a deber” en la discusión sobre la reforma judicial impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, al no abordar de fondo su discusión y sus implicaciones.
Dijo que aunque se promovieron foros y espacios de análisis, reconoció que el órgano colegiado no logró sostener una postura contundente frente a la iniciativa y, en este sentido, advirtió que la reforma judicial tendrá consecuencias para la sociedad y la ciudadanía.
La ministra consideró que el análisis de la reforma al Poder Judicial debió partir de un diagnóstico integral del sistema de justicia, que va más allá del actuar de los tribunales, y lamentó que el proyecto se aprobara con premura y sin un debate profundo.
“Este tipo de reforma tenía que ser muy pensada, muy profunda, y no en tiempos tan concretos o tan limitados (...) La Corte, como órgano colegiado, sí quedamos a deber en ese aspecto”, porque “se debió haber pasado a discutir el fondo del asunto”, afirmó Piña.
Acusa campaña de desprestigio contra jueces y magistrados
A su vez, Piña también denunció una campaña de orquestada desde el gobierno federal para atacar y desprestigiar a jueces y magistrados, lo que calificó como una “estrategia calculada” para debilitar a los contrapesos institucionales.
“Fue una estrategia sistemática para destruir instituciones, para romper con un sistema de pesos y contrapesos en relación a los diversos poderes”, indicó.
Piña recordó que el punto de quiebre en la relación entre poderes fue la decisión de la Corte de impedir que la Guardia Nacional se adscribiera a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cuando esta debería pertenecer a la Secretaría de Seguridad Pública, según se establece en el artículo 21 de la Constitución. “Simplemente era aplicar el texto constitucional”, sostuvo.
En cuanto a la investigación cerrada por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) contra el exministro Arturo Zaldívar, Piña reveló que votó en contra de archivar el caso y presentó un voto particular, aunque la mayoría optó por no continuar con el proceso.
Por otro lado, respecto a las versiones que apuntan a que el ministro Alberto Pérez Dayán, cuyo voto fue clave para frenar el debate de la reforma judicial, podría ser designado cónsul en Barcelona, Piña declinó comentar.
¿Y qué pasará con la prisión preventiva oficiosa?
En la entrevista, la ministra presidenta también abordó temas pendientes como la prisión preventiva oficiosa.
Explicó que, si bien presentó un proyecto para discutir su constitucionalidad, el tema no pudo ser atendido debido a las reglas internas de asignación de casos y a la sobrecarga de asuntos electorales que absorbieron al Pleno previo a los comicios.
Finalmente, concluyó que será la nueva conformación de la SCJN la que deberá retomar los temas que quedaron pendientes, incluida la prisión preventiva, cuya resolución dependerá de las ministras y los ministros entrantes.
