Para combatir de manera eficaz el delito de la extorsión en todo el país se requieren “tiros de precisión”, no sólo “casualidades” y emprender el “desmantelamiento real de las redes de gobernanza criminal o la colusión entre políticos y grupos criminales”, concluye el doctor Armando Vargas, coordinador de Programa de Seguridad de México Evalúa.
En entrevista con El Financiero, el experto en seguridad, distribución diferencial del delito, dimensiones de las violencias, regímenes criminales y métodos comparados, expuso que, sobre el mediático operativo contra la extorsión en algunos municipios del Estado de México, es muy temprano para saber “si fue un tiro de precisión o sólo una casualidad”.
“Esto lo sabremos en próximos días con base en detenciones sostenidas, operativos y el comportamiento de la cifra de este delito”, indicó, al advertir que tan sólo en el Estado de México han habido 12 mil 754 víctimas de extorsión en carpetas de investigación reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de 2018 a la fecha.
También mostró que, sólo en lo que va de enero a junio de 2025 ya se reportaron mil 481 víctimas en carpetas de investigación en la entidad.
En tanto, a nivel nacional detalló que se reportaron 38 mil 953 casos de víctimas en los últimos 7 años, de 2018 a junio de 2025.
El especialista indicó que “si pensamos que venimos de una administración (la del expresidente López Obrador) que afirmó que el robo de combustibles se terminó en febrero 2019 y jamás reconoció el empoderamiento de las organizaciones, entonces sí es un paso al frente que refleja voluntad política”.
No obstante, anotó que “no olvidemos que el factor Donald Trump ha sido fundamental para empujar al actual gobierno federal a tomar cartas en la materia”.
Planteó que lo que debe venir ahora es “una reforma profunda del sistema de seguridad y justicia, lo que inicia, precisamente, con el desmantelamiento de las redes de gobernanza criminal o la colusión entre políticos y grupos criminales”.
“Se requiere dignificar y profesionalizar a policías y fiscalías. El cobro de piso se debe inhibir mediante la presencia policial”, destacó.
Precisó que de los 715 casos de víctimas que se reportaron en 2018, en 2019 pasaron a mil 67; a mil 385, en 2020; ,a mil 698, en 2021; a 2 mil 548, en 2022; a 2 mil 22, en 2023; a mil 838, en 2024, y van mil 481 sólo de enero a junio de 2025.
Todo ello sin considerar que “estos datos no capturan la totalidad del fenómeno, porque la extorsión es uno de los delitos con mayor cifra negra y cerca de 98% no se denuncia, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2024”.
