La Cámara de Diputados recibió la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que propone reformas al artículo 73 de la Constitución para combatir el delito de extorsión, en la que advierte que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se disparó dicho ilícito en un 57.6%.
La exposición de motivos refiere que tan sólo entre 2022 y 2024 se recibieron 32 mil 793 denuncias, y que el Estado de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León concentran 61.8% de las víctimas del año 2024 y de enero pasado. “Sólo el Estado de México acumula 33.1%”, destaca el texto de la presidenta, en alusión a la entidad que desde 2023 gobierna la maestra Delfina Gómez, de Morena.
Precisa que en 2022 se recibieron 11 mil 39 denuncias, 10 mil 950 en 2023 y otras 10 mil 804 el año pasado.
“La incidencia de (este) delito es de tal gravedad, que en el año 2018 se registró un promedio diario de 18.89 extorsiones, mientras que en enero de 2025 se registró un promedio al día de 29.77, lo que representa un incremento de 57.6 por ciento en los seis años”.
México sin unificación en las sanciones por el delito de extorsión
En el documento se argumenta que “una problemática que se presenta para el combate eficaz de este delito a escala nacional es la falta de homologación de las penas”.
Actualmente, agrega, los códigos penales federal y locales establecen un promedio de pena mínima de cuatro años con seis meses y 12 años de pena máxima.
“Este rango evidencia una discrepancia aritmética notable entre las penas previstas en los diferentes códigos sustantivos.
“Mientras que en el ámbito federal la penalidad es de dos a ocho años, en Oaxaca las penas van de uno a tres años, y en Chihuahua oscilan entre cinco y 30 años, por citar algunos ejemplos. Esta disparidad debe ser corregida”, indica.
Resalta también que en estados como Baja California Sur, Chiapas, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala, “el rango de multas por el delito de extorsión oscila entre los 36 mil y los 86 mil pesos”.
En otras entidades, como Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Morelos, Tabasco y Tamaulipas, “los rangos de multas por extorsión van de los 77 mil hasta los 130 mil pesos”.
“En el Código Penal de la Ciudad de México, las multas van de los 226 mil hasta los 340 mil pesos. En tanto que, en Coahuila, existe el rango con las cifras más altas por multas a nivel nacional; de los 345 mil hasta los 691 mil pesos”.
Por lo anterior, critica que “se puede decir que no existe una política unificada sobre la gravedad y la justa punibilidad del delito de extorsión a nivel nacional, a pesar de ser una de las conductas delictivas de mayor incidencia y gravedad en el país”.
Sostiene que “esta situación es resultado de que los gobiernos estatales generalmente enfrentan retos de múltiple naturaleza para formular estrategias adecuadas en la prevención, sanción o disminución de la incidencia de este delito”.
También, la presidenta admite que “lo cierto es que ninguna de las legislaciones actuales prevé las herramientas jurídicas necesarias para enfrentar eficazmente las complejidades de este delito; por el contrario, exponen las deficiencias”.
El cambio en la redacción del artículo 73 de la Constitución sólo agrega la palabra extorsión.
“Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la liberad contrarias a la ley, extorsión, trata de personas, tortura, y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral”, se lee.
El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, expresó que la iniciativa será enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su inmediato análisis.
Consideró que su discusión en el pleno se dará en el próximo periodo de sesiones, que inicia en septiembre.
