Con 75 votos a favor y 32 en contra, el Senado concretó el pase de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o –como acusó la oposición– su militarización.
La reforma se aprobó precisamente en el sexto aniversario de la corporación, por lo que hubo aplausos, y un “larga vida” de Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta.
La minuta que recibió de la Cámara de Diputados, que también incluye reformas a las leyes del Ejército, de las Fuerzas Armadas, de Ascensos y Recompensas, de Disciplina del Ejército, Código de Justicia Militar y Código Militar de Procedimientos Penales, se avaló sin cambios en lo general y en lo particular.
Durante la discusión del dictamen, las bancadas de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano recordaron que en el sexenio pasado aprobaron su creación, porque se prometió que la Guardia Nacional tendría un mando civil.
“La seguridad pública debe estar a cargo de instituciones civiles, la Guardia Nacional fue concebida tras una amplia discusión y una promesa del gobierno anterior de que sería una institución civil…
“Esto pone en riesgo la eficiencia del combate al crimen organizado e impone otras responsabilidades a las Fuerzas Armadas. Es una trampa legal”, resaltó Francisco Ramírez Acuña.
El también panista Enrique Vargas exhibió un video de cuando Andrés Manuel López Obrador, creador de esta corporación, como opositor criticó que se pretendiera usar al Ejército para sustituir las “incapacidades de los gobiernos”.
Clemente Castañeda, coordinador de MC, reprochó que el gobierno “renuncia al mando civil” con la creación de la Ley de la Guardia Nacional.
La priista Claudia Anaya criticó que con las modificaciones se esté permitiendo a los soldados hacer labores de inteligencia y seguridad pública.
“Quieren que la Guardia Nacional sea desde el agente 007 hasta el agente 777. Los van a poner desde el alcoholímetro, revisión de documentos migrantes, a los viene-viene, la reubicación de indigentes, la contención de manifestaciones públicas, pero también van a poder llevar operaciones encubiertas”.
En la discusión en lo particular, la emecista Amalia García presentó una reserva para quitarles la facultad de “aseguramiento” de migrantes, ya que implica detención y debe ser tarea del Instituto Nacional de Migración (INM), pero no fue admitida a discusión.
La oposición también reprochó que se permita que los integrantes contiendan por cargos de elección popular, cuando podría hacerse sólo si dimiten del cargo.
El morenista Saúl Monreal acusó a la oposición de “regatear” la seguridad del país, y acusó “falsa narrativa” de militarización, pues eso pasó en el sexenio de Felipe Calderón.
Con la aprobación de ambas cámaras, el documento que fue remitido a la Presidencia de la República para su publicación y entrada en vigor.
