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Reforma a la Ley de la Guardia Nacional: ¿Los militares podrán ver tus conversaciones? Esto dice Gobierno

A través de una nueva plataforma, la Guardia Nacional podría revisar ciertas conversaciones; sin embargo, aseguraron que no violarán la privacidad de las personas.

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La oposición reclama que la Guardia Nacional ahora podrá revisar las conversaciones privadas de la gente. (Especial)

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, una reforma a la Ley de la Guardia Nacional en la que sus responsabilidades pasarán a manos del Ejército, y por la que se ha acusado que las autoridades podrían ver tus conversaciones o interceptar tus llamadas telefónicas.

Durante la discusión en la Cámara Baja de este martes 24 de junio, Ofelia Socorro Jasso Nieto, diputada del PRI, acusó que con esta reforma la Guardia Nacional podrá realizar labores de inteligencia, y dentro de sus facultades estará la posibilidad de interferir conversaciones privadas.

Para hacerlo, las autoridades únicamente necesitarán la presunción de un delito, por lo que la oposición reclamó los riesgos de dicha iniciativa, que con 351 votos fue aprobada en la Cámara de Diputados y se espera que en los próximos días sea votada en el Senado de la República.

Sin embargo, desde Morena y aliados negaron tales acusaciones, y dijeron que la iniciativa tenía el objetivo de mejorar las labores de seguridad en México, así como preservar el orden público.


¿La Guardia Nacional podrá revisar y vigilar tus conversaciones?

La respuesta es no, de acuerdo con Ernestina Godoy, consejera jurídica en el Gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su participación en la conferencia matutina de Sheinbaum de este martes 24 de junio, Godoy dijo que con esta iniciativa se busca establecer el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública, mismo que faculta a la Guardia Nacional para desarrollar actividades de inteligencia.

La consejera jurídica destacó la creación de una plataforma que permitirá la conexión a bases de datos para dar información necesaria para la investigación y judicialización de ciertos casos.

Dicha plataforma contiene la colaboración entre autoridades y privados, aunque se garantizará el derecho a la privacidad de los usuarios.


Las personas que operen dicha plataforma se formarán desde una visión humanista y de respeto y honestidad, con el objetivo de que la plataforma ayude al Ministerio Público a judicializar, así como a mejorar las investigaciones contra perpetradores de violencia.

“En ningún momento se invade la privacidad (por la Guardia Nacional), en ningún momento se invaden datos personales ni entraremos a conversaciones de particulares. Todo se hará como está previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales con autorización previa del juez en su caso. Cualquier intervención de este tipo siempre estará sujeta a la autorización judicial. Por lo tanto, podemos asegurar que no se le va a dar ningún uso político por los candados con los que cuenta y las medidas de seguridad”, dijo Ernestina Godoy.

Organizaciones dicen que el Gobierno sí va a espiar a ciudadanos con reforma a la Guardia Nacional

La Red en Defensa de los Derechos Digitales explicó en días recientes que la reforma a la Ley de Guardia Nacional legalizaría la vigilancia de las comunicaciones de parte del Ejército, lo que les daría la facultad de “procesar y usar información en actividades de inteligencia por motivos de seguridad nacional, sin que existan controles o salvaguardas para acotar estas atribuciones”.

Uno de los ejemplos que pone es que las modificaciones al artículo 9, fracción XXVI, “genera confusión” sobre si la Guardia Nacional requiere de autorización judicial para acceder a los datos de empresas de telecomunicaciones o para conocer la georreferenciación de los equipos móviles en tiempo real.

En compañía con la Ley de Telecomunicaciones, que está por votarse en el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, se denuncia que la vigilancia de las autoridades sobre las conversaciones privadas podría incrementar, esto debido a que dicha iniciativa propone el registro obligatorio de usuarios de telefonía y la obligación de las empresas de “conservar y compartir datos”.

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