¿No ya había entrado en vigor? Algunos trabajadores en México notaron que, después de que concluyó el plazo para que las empresas ofrecieran un asiento con respaldo a sus trabajadores para descansar, la medida no se puso en marcha.
La Ley Silla fue promulgada el 19 de diciembre de 2024; desde entonces comenzó una cuenta regresiva para su entrada en vigor.
El periodo terminó el 17 de junio. Sin embargo, los empleadores encontraron una oportunidad para postergar el cumplimiento pleno de lo que establece la nueva disposición laboral.
¿Cuándo se supone que las empresas deben implementar esta ley?
El decreto publicado el año pasado establece otros plazos para la publicación oficial de un diagnóstico y la presentación de un reglamento interno que permita poner en marcha la Ley Silla.
El primero son 30 días después del 17 de junio, plazo en el que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) debe emitir una normativa, en la cual se espera que se estipulen los riesgos asociados a permanecer durante largos periodos en una postura vertical.
La información que publique la dependencia deberá ser considerada por los empleadores al elaborar su normativa interna.
Además, la ley otorga un plazo de 180 días para que las empresas adecuen un reglamento con base en la nueva disposición laboral.
Este último plazo permite a las empresas aplazar el cumplimiento pleno de la reforma hasta diciembre de este año, antes de que las autoridades puedan exigir la obligación de las empresas a implementar lo que establece la ley.
¿Existen sanciones en caso de no respetarse la Ley Silla?
Como ocurre con la mayoría de las normas, se contempla una sanción en caso de que los responsables del cumplimiento no acaten las disposiciones de la ley.
De acuerdo con el decreto, se prevé una multa económica para los empleadores que va de 250 hasta 2 mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a 282,850 pesos.
¿Quién presentó la Ley Silla?
El proyecto permaneció casi dos años en la congeladora del Congreso de la Unión. La iniciativa fue presentada originalmente por el partido Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, en septiembre de 2023.
La propuesta enfrentó múltiples obstáculos y la resistencia de los legisladores para dar paso a esta nueva ley.
Fue hasta diciembre de 2024 cuando los partidos políticos mostraron disposición y comenzó el proceso legislativo para su aprobación y eventual promulgación.
