Revés para la Fiscalía General de la República por el caso Pegasus: Judith Aracely Gómez Molano, ex Oficial Mayor de la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR), no fue vinculada a proceso, determinó una jueza este miércoles 18 de junio.
La FGR informó que apelará de inmediato la decisión de Alejandra Domínguez Santos, jueza de control, y afirmó que la no vinculación a proceso es ilegal. por lo que abrió una carpeta de investigación en su contra por delitos en contra de la administración de justicia.
El Ministerio Público de la Federación solicitó a la juez una audiencia de vinculación a proceso contra Gómez Molano por su presunta participación en la compra ilegal de Pegasus por parte de la entonces PGR.
No obstante, la Fiscalía de Gertz Manero acusó a la jueza Alejandra Domínguez Santos de aplicar “tácticas dilatorias” para retrasar dos años y medio la concesión de una audiencia.
La audiencia se celebró en las últimas horas en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, y donde Domínguez Santos resolvió la no vinculación a proceso de la exfuncionaria federal.
¿Por qué no se vinculó a proceso a exfuncionaria de la PGR por caso Pegasus?
La jueza consideró que en la compra del equipo de espionaje Pegasus no hubo irregularidades y avaló su legalidad al estar relacionada con actividades sustantivas de la institución.
“La adquisición no puede considerarse indebida”, opinó Domínguez Santos en la audiencia.
La dependencia que encabeza Alejandro Gertz Manero recordó que Gómez Molano fue imputada por cuatro delitos: Uno de ellos es el de uso indebido de atribuciones y facultades al incumplir la obligación de supervisar la ilegal contratación del sistema de espionaje a la empresa Grupo Tech Bull, con un costo de 460 millones de pesos.
Ademas, a Judith Aracely Gómez Molano se le acusó de peculado ya que presuntamente participó en el desvío ilegal de recursos, sin que existiera el riesgo, la urgencia o la confidencialidad necesarios para la compra del citado equipo.
Igualmente se le imputó el delito de fraude equiparado, al incumplir sus obligaciones y participar en una operación que claramente dañó gravemente el patrimonio de la Institución, en beneficio del proveedor.
El cuatro delito que se le imputó fue el de asociación delictuosa, al participar en los delitos anteriormente señalados en conjunto con otros servidores públicos de la Institución como Vidal Díazleal Ochoa, ex titular del Cenapi (ya vinculado a proceso por un delito ligado a este caso) y Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal y exiliado en Israel.
“En resumen, (se le acusa de) haber permitido la adquisición ilegal de esos equipos de espionaje, sin que se demostrara que había necesidad de ello, lo que significó un grave daño irreparable al patrimonio público”, detalló la FGR.
Agregó que la jueza de control decidió no vincular a proceso a la exservidora pública, por lo que ahora buscará que la juzgadora enfrente un juicio.
