La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó este miércoles la inmediata y absoluta libertad de Juana Hilda González Lomelí, acusada por el secuestro y asesinato del empresario Hugo Alberto Wallace, hijo de Isabel Miranda de Wallace.
González Lomelí estuvo presa durante 19 años y cinco meses.
Con una mayoría de cuatro votos, los ministros aprobaron el proyecto presentado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
“Con esto, la SCJN refrenda su papel como tribunal constitucional y analiza a profundidad las violaciones a derechos humanos cometidas a lo largo de todo el proceso penal seguido contra Juana Hilda”, subrayó el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFD), en un comunicado.
¿Qué determinó la Suprema Corte sobre el arresto de Juana Hilda?
La Suprema Corte consideró que, como lo argumentó la defensa del IFDP, la confesión de Juana Hilda no fue libre ni voluntaria, sino obtenida mediante presiones, intimidaciones y amenazas, en un contexto de arraigo.
Por ello, se declaró la nulidad de su declaración y de cualquier otra prueba derivada con violación a sus derechos humanos.
A partir de esta nulidad, la primera sala consideró que las pruebas restantes, ofrecidas por el Ministerio Público y no afectadas por dichas violaciones, resultan insuficientes para demostrar la responsabilidad penal de Juana Hilda en el secuestro, más allá de toda duda razonable.
Esta resolución se suma a los criterios jurisprudenciales de la primera sala en materia de debido proceso y juicio justo y reitera que, sin importar la gravedad del delito imputado, la justicia federal debe actuar conforme a los más altos estándares constitucionales y convencionales de derechos humanos.
Entre ellos, la prohibición absoluta de la tortura y el principio de exclusión de pruebas ilícitas.
Para el IFDP, que representa a Juana Hilda y a otras personas coprocesadas por el asesinato del hijo de Isabel Miranda de Wallace, esta decisión es de enorme relevancia no sólo por el impacto en la libertad y derechos de su representada, sino también por su trascendencia en el sistema de justicia penal.
“El fallo pone de relieve algunas de las violaciones más persistentes del sistema penal tradicional –como la obtención de pruebas bajo tortura, las violaciones al derecho de defensa y el uso de estereotipos y prejuicios de género en la valoración judicial de la prueba– que aún mantienen a miles de personas sujetas a proceso penal en el ámbito federal”, resaltó.
