¿Los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que lleguen a tu casa por un corte de luz vendrán con pistolas? La reciente aprobación de la nueva ley para regular uso civil de armas para defensa personal provocó dudas sobre si esto permitirá que trabajadores del Gobierno lleven armamento.
“No, nada de eso. Son las áreas de competencia que tienen que ver con seguridad, con la Guardia Nacional, la Sedena, la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. No hay más que eso”, dijo Claudia Sheinbaum en su ‘mañanera’ de este viernes 25 de abril.
La presidenta de México abundó en el tema y dijo que ley federal de armas de fuego y explosivos ya había quedado ‘obsoleta’, por lo que era necesaria una actualización para incluir armas hechas en impresoras 3D, por ejemplo.
“Una parte importante es que la ley anterior tenía mucho tiempo. Ahora hay nuevo armamento, armas que se pueden fabricar con impresoras 3D y esas no estaban catalogadas o tipificados. Tienen que estar catalogadas porque están prohibidas”, detalló.
La presidenta Sheinbaum dijo que la nueva ley sobre portación de armas tiene sanciones más severas para los infractores.
¿Qué dice la nueva ley de armas de fuego y explosivos?
En la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados esta semana, se establece que se permitirá “el uso de armas en áreas estratégicas y de seguridad pública como empresas públicas, paraestatales y órganos autónomos, entre ellos, Pemex, CFE, Banxico, Casa de Moneda y el SAT, para que quienes pertenezcan a estas empresas puedan portar armas de fuego para funciones de seguridad”.
El proyecto de ley, que fue dejado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue votado por unanimidad con la excepción de dos diputados del PRI que se abstuvieron.
Entre algunos puntos aprobados está el que los militares retirados no podrán usar armas de su propiedad para trabajar en servicios de seguridad privada, y que las comunidades ejidales tendrán derecho a la “posesión responsable de armamento para fines lícitos”.
Las sanciones por violar la nueva ley federal de armas de fuego y explosivos van de 7 a 30 años de prisión y multa de hasta 2 mil veces el valor diario de la UMA, es decir, 226 mil 280 pesos, a la persona que trabaje en la introducción de armas al territorio nacional de forma ilícita; de aditamentos para convertir armas semiautomáticas en automáticas, y que comercie con armas de uso exclusivo del Ejército.
