Las desapariciones que se están cometiendo actualmente en México “sí son desapariciones forzadas”, afirmó el abogado mexicano Santiago Corcuera, expresidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Explicó que “aunque no sean del mismo tipo de aquellas que se cometieron en la Guerra Sucia, sí lo son”, y acusó que “los gobiernos de PAN y del PRI también fueron negacionistas, se alarmaron, se indignaron y rechazaron esta realidad, que calificaron de exagerada desde 2010”.
En entrevista en el programa EntreDichos, de El Financiero Bloomberg, con el periodista René Delgado, el maestro en Derecho expuso que “mucho se ha dicho por el oficialismo, que ya no se cometen desapariciones forzadas desde el Estado, como si los perpetradores fueran exclusivamente, por ejemplo, agentes del Ejército, como sucedía en Argentina o en Chile.
“Lo malo de hacer esas aseveraciones es que se omite incluir dentro del concepto de desaparición forzada, aquellas que son cometidas por agentes no estatales, con la autorización, apoyo o aquiescencia de agentes del Estado”, indicó.
Precisó que “cuando dicen que en México ya no hay desaparición forzada, se entiende que el Estado conocía, tenía razones para conocer o debía conocer del riesgo real o inminente de su comisión, porque el Estado ha aceptado, tolerado o consentido esa situación, aunque sea implícitamente”.
Calificó de “vergonzosas” las afirmaciones del presidente del Senado, de la presidenta de Morena y de la secretaria de Gobernación, al señalar de “faccioso” al Comité de la ONU.
También fue “un error” utilizar el concepto de “políticas de Estado”, porque el Comité “no ha utilizado ese término, han dicho que en México existe un contexto de desapariciones forzadas generalizadas, no que se cometen como parte de una política de Estado o como un ataque sistemático contra la población civil”.
El experto anticipó que si el Comité de la ONU considera que no se le entregó la información completa y se siguen cometiendo las desapariciones de manera sistemática, el caso se turnaría al pleno de la Asamblea General de la ONU, y sería la primera vez en la historia que eso suceda.
