CIUDAD DE GUATEMALA.- Un juez guatemalteco decidió aplazar hasta el martes si procede un juicio contra el expresidente Otto Pérez Molina por corrupción y determinó que seguirá en prisión provisional.
La Fiscalía del país lo acusa de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera en un caso que desató un crisis política a pocos días de las elecciones del domingo.
"Me siento muy triste no solo por eso (de seguir privado de libertad), sino por todo lo que me está tocando vivir", dijo el exmandatario a periodistas tras oír la decisión del juez.
La exvicepresidenta, Roxana Baldetti, está en prisión preventiva por el mismo caso.
Este viernes, durante su segundo día de audiencia luego de que el juez Miguel Angel Gálvez le dictó prisión provisional para garantizar que regresara a enfrentar las acusaciones de la fiscalía que lo vinculan a la red de evasión fiscal y corrupción, Pérez Molina negó ante el juez pertenecer a "la línea", una red de exfuncionarios y particulares que recibían sobornos de empresarios para ayudarles a evadir impuestos.
"Yo señor juez no voy a poner mi dignidad, mi trabajo, ni el esfuerzo que he hecho por Guatemala por 800 mil", afirmó el exmandatario en alusión a las cifras presentadas por la fiscalía.
Los cargos fueron sustentados también por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente respaldado por la ONU y Washington, tras analizar más de 89 mil llamadas telefónicas, miles de correos e ingente documentación obtenida en 17 allanamientos.
"No se tratan de dimes y diretes (rumores), sino escuchas concatenadas con otros documentos", aseguró Luis Orozco, representante de la CICIG en la audiencia, en la que presentaron más de 70 audios, documentos y fotografías para explicar cómo funcionaba la trama y la presunta participación de Pérez Molina.
Sin embargo, la defensa del exfuncionario aseguró que la acusación se basa en "especulaciones" y acusó al juez y a los fiscales de estar predispuestos en contra de su cliente, buscando una "condena social" mediante una serie de evidencias débiles.
"Estamos ante una mera suposición de hechos", dijo el abogado César Calderón, quien se preguntó cómo de las miles de llamadas interceptadas tan solo presentaron una en la que se escuchaba al entonces presidente y en la que no se evidencia ninguna ilegalidad.
