Los narcotraficantes, extorsionadores y secuestradores más poderosos de Colombia podrán quedarse con hasta un 12 por ciento de sus ganancias criminales a cambio de entregar sus armas, según un nuevo y controvertido proyecto de ley destinado a reducir la violencia.
En su último año de mandato, el presidente Gustavo Petro busca una paz total con los grupos armados ilegales que dominan amplias zonas rurales.
Para lograrlo, la “ley de rendición” del gobierno prioriza la desescalada del conflicto por encima de asegurar que los delincuentes paguen por sus crímenes.
“Sacrificamos parte de la justicia retributiva para maximizar otros derechos: la verdad, la reparación y la no repetición”, declaró el viceministro de Justicia, Yefferson Dueñas, en una entrevista. “Es difícil negociar sin incentivos”.
Colombia mantiene negociaciones de paz con facciones guerrilleras
En medio del mayor auge de la cocaína en la historia, el gobierno izquierdista de Petro argumenta que los intentos de reprimir a los grupos armados ilegales han fracasado y que se necesitan nuevos enfoques creativos.
El gobierno mantiene conversaciones formales de paz con varias facciones guerrilleras, y el proyecto de ley es necesario para alcanzar un acuerdo definitivo con estos grupos, según Dueñas.
“Sin el proyecto y el marco legal, la posibilidad de éxito de las negociaciones es extremadamente baja”, dijo Dueñas.
Los bienes entregados por estos grupos se utilizarían para indemnizar a las víctimas del conflicto, afirmó Dueñas.
¿Qué pasará con los bienes y armas entregadas por los narcos al gobierno de Colombia?
Según el plan, los líderes de los grupos también recibirían sentencias más leves a cambio de entregar las armas y desmovilizarse.
El gobierno está negociando con varias facciones armadas, aunque algunos actores poderosos, como la guerrilla del ELN, no están actualmente en conversaciones.
Una encuesta de Invamer publicada este mes encontró que solo el 26 por ciento de los colombianos piensa que la iniciativa de paz total va bien, mientras que el 67 por ciento cree que va mal.
Mientras el proyecto de ley se debate en el Congreso, el presidente estadounidense Donald Trump aumenta la presión sobre la nación andina.
Colombia ha sido uno de los aliados más cercanos de Washington en las últimas décadas, pero las relaciones se han deteriorado debido a los enfrentamientos entre las administraciones de Petro y Trump sobre migración, políticas de seguridad y el aumento sin precedentes de la producción de cocaína.
Dueñas dijo que parte del aumento en la producción de cocaína se debe a la creciente demanda en nuevos mercados, incluida la India y otras naciones asiáticas.
Colombia seguirá cooperando con Estados Unidos incluso mientras prueba nuevas estrategias, afirmó.
El proyecto de ley de paz total no modificará la legislación vigente sobre extradición ni las iniciativas internacionales antinarcóticos, añadió.
El próximo mes, la administración Trump decidirá si recertifica a Colombia como aliado en la lucha contra el narcotráfico.
La descertificación colocaría al país en la misma categoría que Bolivia y la Venezuela de Nicolás Maduro, y limitaría el acceso a cierta ayuda y préstamos. Sin embargo, el gobierno lo considera improbable, según Dueñas.
“Creemos que debemos seguir apoyando la lucha contra el narcotráfico, pero por otros medios que no necesariamente involucren armas”, dijo.
