En pleno giro de Europa para contener la influencia de China, España toma el rumbo opuesto, en el terreno más sensible: la seguridad del Estado.
El gobierno de Pedro Sánchez tiene a Huawei –empresa vetada en Estados Unidos y en gran parte de Europa– en el núcleo de su sistema de intercepciones telefónicas y vigilancia policial.
Según The Objective, el Ministerio del Interior ha pagado más de 12 millones de euros a Huawei para suministrar los servidores del sistema Sitel, que es la herramienta clave para interceptar llamadas, rastrear ubicaciones y monitorear sospechosos con orden judicial.
El tema va más allá del sistema Sitel. El periodista Pelayo Barro, que destapó la profundidad de la presencia china en áreas estratégicas de este país, reveló que “la Unidad Central Operativa (dependiente de la Guardia Civil, que investiga crimen organizado, corrupción y delitos financieros) y la Jefatura del Servicio de Información, también han incorporado cabinas de almacenamiento de datos fabricadas por Huawei a sus centros de mando”.
Ahí España almacena información crítica sobre terrorismo, narcotráfico y crimen organizado, incluidos datos compartidos por agencias como la DEA y la CIA.
The Objective alertó: “Se trata de los documentos –informes, pruebas, audios y videos– que generan las investigaciones de las unidades más sensibles de la Guardia Civil”.
El caso ya cruzó el Atlántico esta semana. Senadores y congresistas de Estados Unidos enviaron una carta a la directora de Seguridad Nacional, al Pentágono y a la CIA.
Advirtieron que información clasificada compartida con España podría estar llegando al régimen chino. Citaban como fuente una nota del 7 de julio de The Objective.
El temor es que Huawei, sometida a la Ley de Inteligencia china de 2017, haya instalado “topos cibernéticos” para espiar sin ser detectada.
Dentro de la Unión Europea la línea es opuesta. Va en sentido contrario al que toma España. Bruselas solicitó retirar a Huawei de todas las infraestructuras críticas. Francia, Alemania e Italia ya lo hicieron.
Causa desconcierto que, en ese contexto, el gobierno de España refuerce sus vínculos con China.
El gobierno mantiene contratos con Huawei y otras tecnológicas chinas, como Hikvision, que instalan cámaras en dependencias de La Moncloa –la sede del gobierno–, la red de transporte Renfe, el Ministerio de Hacienda y el propio Ministerio del Interior.
The Objective también señala un posible conflicto de interés político. “Huawei echó mano del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para abrirse puertas en el gobierno de Pedro Sánchez”.
El medio asegura que la empresa contrató a las hijas de Zapatero, y que todo se hizo sin el aval del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
El caso escaló a la prensa internacional. España, miembro de la OTAN, ha entregado parte de su infraestructura de seguridad a una firma vinculada al Partido Comunista Chino.
Además de seguridad, China amplía su presencia en sectores estratégicos. La empresa CATL invertirá cuatro mil 100 millones de euros en una planta de baterías en Zaragoza que atraerá a más de dos mil trabajadores chinos.
Otra compañía china comprometió una inversión de 200 millones de euros para explotar una mina de potasio en Navarra. Se trata de un recurso crítico que Europa considera estratégico.
Mientras la UE intenta limitar la dependencia de China, España le abre la puerta principal. “La pregunta ya no es si hubo imprudencia”, concluye The Objective, sino “hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno para no incomodar a Pekín”.
Estados Unidos advirtió a España que si no rectifica, la cooperación en inteligencia está en peligro. Y su credibilidad en Europa, también.
