Los fiscales federales están sentando las bases para acusar penalmente a empresas e individuos que intenten evadir los aranceles estadounidenses mientras el presidente Donald Trump prepara una nueva ronda de gravámenes la próxima semana.
Los funcionarios de aduanas estadounidenses han intentado durante mucho tiempo frustrar los intentos de evadir aranceles mediante estrategias relativamente comunes, como cambiar el país de origen de las importaciones o clasificar erróneamente las mercancías en los formularios. Sin embargo, históricamente, estos problemas se han solucionado mediante multas o acuerdos civiles, y rara vez mediante acciones penales.
Pero ahora, el Departamento de Justicia afirma que está incorporando “personal significativo” a una nueva unidad para centrarse en el fraude comercial y otros delitos corporativos. Mientras tanto, los fiscales han estado solicitando registros de transacciones con bienes extranjeros durante la administración Biden para construir casos, lo que podría sentar las bases para actuar contra los acusados de eludir los nuevos aranceles.
“Si bien algunos actos negligentes o errores administrativos pueden manejarse más apropiadamente por la vía civil, la aplicación de medidas penales es apropiada para infracciones legales significativas”, declaró Matthew Galeotti, director de la división penal del departamento. “Cuando los importadores hacen trampa, por ejemplo, infravalorando las mercancías o declarando erróneamente el país de origen, evitan el costo total de importar productos a Estados Unidos”.
La iniciativa del Departamento de Justicia coincide con la promesa que Trump hizo en abril de imponer consecuencias “muy severas” por el incumplimiento de los aranceles que impone a nivel mundial. No está claro cuánto se ha avanzado en la investigación de la posible evasión de los impuestos de su administración. Las investigaciones pueden tardar meses y algunos de los nuevos aranceles se implementaron hace apenas unas semanas; se prevé que otros entren en vigor el 1 de agosto.
De acero a textiles: las industrias bajo ‘la lupa’ de EU
Las autoridades estadounidenses afirman que la evasión arancelaria puede costarle al gobierno miles de millones de dólares al año en pérdidas de ingresos. La fiscalía está investigando industrias como el acero, el aluminio, los textiles y los bienes de consumo, afirmó Galeotti. La iniciativa incluye una unidad de fraude financiero que fue reasignada para centrarse en las empresas que evaden los aranceles aduaneros.
Las oficinas de fiscales estadounidenses fuera de Washington han solicitado recientemente información sobre envíos anteriores y comunicaciones que las empresas tuvieron con otros en sus cadenas de suministro durante la administración Biden.
Los fiscales tradicionalmente recurren a agencias como la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para que les presenten ejemplos flagrantes de evasión arancelaria que podrían derivar en cargos civiles o penales. La CBP también parece haber intensificado su escrutinio sobre las empresas sujetas a aranceles más altos.
Ana Hinojosa, exalta funcionaria de aduanas que ahora asesora a empresas en materia comercial, dijo que algunos clientes habían recibido recientemente solicitudes “muy específicas” de CBP para obtener información sobre la clasificación de mercancías y las relaciones entre vendedores y compradores.
“Es el tipo de trabajo de preparación que realizan sobre empresas que sospechan que podrían, en el mejor de los casos, haber cometido un error o, en el peor, haber cometido fraude”, dijo Hinojosa.
Trump eleva aranceles y redobla la presión sobre socios comerciales clave
Trump ha implementado un arancel mínimo del 10 por ciento sobre todas las importaciones, con algunas excepciones. Existe un impuesto del 30 por ciento sobre los productos procedentes de China y un gravamen del 50 por ciento sobre todas las importaciones de acero y aluminio, además de la persistente amenaza de impuestos más altos contra importantes socios comerciales, como la Unión Europea y México.
Estos nuevos aranceles han agravado los derechos antidumping ya existentes, lo que incentiva a las empresas a reducir su carga arancelaria, afirmó Hinojosa. Sin embargo, algunas estrategias pueden traspasar los límites legales y generar responsabilidad civil y, potencialmente, penal, añadió.
“El fraude comercial también priva a los contribuyentes de miles de millones de dólares en contribuciones a sus arcas y disminuye los fondos disponibles para importantes servicios gubernamentales”, afirmó Galeotti. Añadió que el fraude comercial también puede evadir sanciones y controles de exportación, especialmente por parte de entidades extranjeras hostiles a los intereses estadounidenses.
No es la primera vez que se intensifica la aplicación de sanciones contra infracciones pasadas para desalentar el fraude. Cuando el gobierno de Biden priorizó la aplicación de sus sanciones contra Rusia, muchos de los casos más destacados del Departamento de Justicia se referían a infracciones ocurridas años antes, incluso durante el primer gobierno de Trump.
