El Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió este jueves al Gobierno del presidente Donald Trump continuar con la deportación a Sudán del Sur de ocho personas migrantes sin documentos, entre los que se encuentran dos cubanos y un mexicano, que han pasado más de un mes bajo custodia en una base militar en Yibuti, por una orden judicial.
La decisión de este jueves del Supremo anula una moción emitida por un juez federal que mantenía detenida la deportación de ocho inmigrantes a Sudán del Sur, a pesar de que la máxima corte había permitido a la Casa Blanca deportar migrantes a terceros países.
El juez federal Brian Murphy, de Massachusetts, había determinado en mayo pasado que la Administración de Trump violó una orden que le impedía deportar a los ocho migrantes a un país donde pueden ser torturados sin darles la oportunidad a una defensa legal adecuada.
Debido al fallo del juez Murphy, los ocho inmigrantes y once agentes migratorios estuvieron en una base aérea de Yibuti, donde, según los abogados del Gobierno, corrían peligro por estar expuestos a un posible ataque de Yemen, además de riesgos a su salud por condiciones “deplorables”.
Tras el fallo que permitía la deportación a los terceros países, los defensores de los migrantes pidieron a Murphy que continuara deteniendo la deportación, pero esa orden fue revocada este jueves.
Las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson discreparon la decisión de la mayoría del Supremo.
“La orden de hoy solo aclara una cosa: los demás litigantes deben acatar las normas, pero el Gobierno tiene a la Corte Suprema a su disposición”, escribió Sotomayor.
De los ocho deportados, solo uno es de Sudán del Sur y el resto son originarios de Cuba, México, Laos, Birmania y Vietnam.
La legislación estadounidense estipula que el Gobierno no puede deportar a migrantes a terceros países donde podrían ser torturados o estar en riesgo.
El Departamento de Estado considera a Sudán del Sur como un país peligroso debido al conflicto armado, recomienda a los estadounidenses no viajar allí y a inicios de mayo retiró del país a su personal no esencial.
El caso de Sudán del Sur es el más reciente choque entre el Gobierno y el poder judicial, a raíz de las medidas cada vez más agresivas para cumplir con la promesa de Trump de llevar a cabo “deportaciones masivas”.
Para acelerar las deportaciones, Washington busca acuerdos con otros países para que acepten a migrantes expulsados del país.
En marzo pasado el Gobierno de Trump ordenó mandar a más de 200 personas a una megacárcel en El Salvador, donde la mayoría aún permanecen incomunicadas de sus familiares y abogados.
