Santos Cerdán, quien hasta hace 18 días era secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y considerado el principal operador político del presidente Pedro Sánchez, ingresó este lunes en la cárcel de Soto del Real por orden del Tribunal Supremo.
El juez Leopoldo Puente atendió la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, tras escuchar la declaración del exdirigente socialista, quien sólo respondió a su abogado.
Según el juez, hay “notabilísimos indicios” de que Cerdán lideró una “red criminal” para el cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obra pública.
Aunque el juez descartó riesgo de fuga o de reincidencia, consideró que su permanencia en libertad podría poner en riesgo la conservación de pruebas esenciales para un eventual juicio.
En su resolución, sostuvo que Cerdán desempeñaba el papel central dentro de una supuesta organización delictiva conformada, además, por el exministro de Transportes, José Luis Ábalos y su entonces asistente, Koldo García.
El grupo habría operado en conjunto con terceros, utilizando su influencia política para adjudicar de manera ilícita obras públicas a cambio de “premios económicos”.
Según la investigación, el esquema se remonta a 2018, cuando Cerdán y Koldo habrían comenzado a operar a través de una empresa navarra, Servinabar, y sumado después a Ábalos, entonces titular de Transportes, para facilitar contratos desde la Dirección General de Carreteras y el organismo público ADIF.
Koldo, aunque no tenía funciones oficiales, mantenía contacto directo con altos cargos del Ministerio para intervenir en la gestión de adjudicaciones.
Por otra parte, Cerdán habría sido el encargado de exigir, cobrar y distribuir las comisiones ilegales entre los integrantes de la trama.
Audios, entre las pruebas
Uno de los elementos clave para sustentar la acusación son los audios grabados por el propio Koldo García y hallados en su domicilio por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. En ellos, según el juez, Koldo reclama a Cerdán las comisiones que, presuntamente, debían repartirse con Ábalos.
El magistrado dio total validez a las grabaciones, al considerar inverosímil que fueran manipuladas. “Tan explícitas resultan las mencionadas conversaciones”, señala la resolución, que durante su declaración Cerdán no negó su contenido, sino que se limitó a decir que no las recuerda con exactitud, que están descontextualizadas o incompletas.
Además de las cintas, el juez destaca la vinculación de Cerdán con Servinabar, que a pesar de su escasa experiencia en el ramo de la construcción, obtuvo contratos en alianza con Acciona Construcción, compañía que habría sido sistemáticamente beneficiada en procesos de adjudicación.
Se citan obras en diversas ciudades –entre ellas Sevilla, Murcia, Logroño y Sant Feliu de Llobregat– por un monto global cercano a los 537 millones de euros. También se han localizado mensajes en los que se habla de licitaciones y nombramientos clave en el Ministerio de Transportes.
De acuerdo con el juez, Cerdán “habría de ser inequívocamente conocedor del importe total de los indebidos pagos en relación con cada una de las obras adjudicadas” y tenía “la capacidad de hacer desaparecer las pruebas que pudieran existir al respecto”. A eso se debe su encarcelamiento inmediato, a diferencia de Ábalos y Koldo, cuyas viviendas ya fueron registradas y sus dispositivos intervenidos, por lo que el riesgo de destrucción de evidencia es, según el juez, mucho menor.
En su comparecencia, Santos Cerdán se presentó como víctima de una operación política. “Estoy aquí por haber sido el arquitecto de los gobiernos progresistas de este país”, dijo, aludiendo a sus negociaciones con partidos nacionalistas vascos y catalanes durante las investiduras de Sánchez
