Veinte fiscales generales estatales buscan impedir que la administración Trump comparta datos personales de salud con el Departamento de Seguridad Nacional para la aplicación de leyes contra personas migrantes en una demanda que se presentará este martes.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos transfirió el mes pasado los archivos de datos de Medicaid que contienen los registros médicos personales de millones de personas al Departamento de Seguridad Nacional, dijo el fiscal general de California, Rob Bonta, en una conferencia de prensa este martes.
La demanda multiestatal, que se presentará ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, impugna la divulgación de información sanitaria por parte del HHS al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según los fiscales generales, este intercambio de datos viola la Ley de Medicaid, que solo permite compartir información personal en circunstancias específicas que beneficien la salud pública y la integridad del programa Medicaid.
“El presidente Trump, la secretaria Kristi Noem y el secretario Robert F. Kennedy Jr. están utilizando Medicaid como arma para impulsar su campaña antiinmigratoria”, declaró Bonta a la prensa. “Están poniendo en peligro los datos personales de salud de 78,4 millones de personas inscritas en Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) para sus planes de vigilancia masiva y control federal de inmigración”.
La acción solicita al tribunal que detenga cualquier transferencia adicional de datos y que impida que el DHS utilice cualquier dato obtenido ilegalmente para fines de control de inmigración.
Al presentar la demanda, Bonta se une a los fiscales generales de Connecticut, Arizona, Colorado, Delaware, Hawái, Illinois, Massachusetts, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington.
