Una nueva tormenta política cae sobre España luego de que el Tribunal Constitucional diera su aval, por seis votos contra cuatro, a la Ley de Amnistía que deja sin efecto los castigos a los directivos de la Generalitat de Cataluña, que en 2017 convocaron a un referéndum en pro de su independencia.
El presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, puesto en ese cargo por el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, encabezó el ala de magistrados que estamparon una sentencia ampliamente controversial:
“El Legislativo puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente”.
Aún falta que el Tribunal Supremo –máxima instancia del Poder Judicial– aplique la Ley de Amnistía y borre los delitos de malversación que pesan sobre el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y otros prófugos.
Juristas, políticos y académicos de distintas tendencias políticas han explotado contra el fallo del tribunal, que fue impulsado por los magistrados afines a Sánchez.
El expresidente del gobierno Felipe González, un ícono de la transición y de los socialistas españoles, manifestó que en las próximas elecciones no votará por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE, su partido) por haber impulsado “la barrabasada” de la Ley de Amnistía.
A González le cayeron encima miembros del gabinete de Sánchez e integrantes de la dirección del partido, con la invitación de que, si no está a gusto, se vaya del PSOE.
El portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López, instó a González a reflexionar “seriamente qué hace todavía en el partido”, mientras que la vocera del gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, acusó al expresidente de “haber comprado todo el argumento de la derecha y del Partido Popular”.
“No es suficiente”
Desde su refugio en Waterloo, el expresidente de la Generalitat de Cataluña dio por hecho que el Tribunal Supremo se abstendrá de aplicar la Ley de Amnistía del Congreso, avalada por el Tribunal Constitucional, por tratarse de un órgano “sedicioso y prevaricador”.
Para regresar a España, Puigdemont necesita quedar liberado del delito de prevaricación que, a juicio del Tribunal Supremo, no está amparado por la Ley de Amnistía.
El fallo da vía libre a un nuevo referéndum independentista porque “no está explícitamente prohibido” en la Constitución.
Retador, Puigdemont dijo que la Ley de Amnistía “es una conquista que el independentismo ha arrancado a España”, pero “no es suficiente para resolver el conflicto entre el Estado español y el pueblo de Cataluña”.
La Ley de Amnistía fue un requisito para que Sánchez obtuviera en el Congreso los votos del partido Junts (cuarta fuerza política en Cataluña) y asumiera el cargo de presidente del Gobierno.
Diputados de Junts participaron en la redacción de esta ley, por lo cual se habla en los medios de comunicación de una “autoamnistía”.
El filósofo Fernando Savater, horrorizado –como muchos– por el argumento de que “lo que no se prohíbe está permitido”, apuntó que “es tanto como concluir que en un local en cuya puerta se advierte ‘prohibido entrar con perros’, es lícito acompañarse de un elefante porque de los paquidermos no se dice nada”.
Sobre el duelo del gobierno de Sánchez contra el Poder Judicial, Savater expuso en su artículo semanal, en The Objective, que se debe “defender la libertad e independencia de los jueces porque son los garantes de las nuestras: los otros jueces, los jueces ‘al servicio de’ (el pueblo, el género, la paz, Dios, la izquierda, etc.) –lo sepan o no– son adversarios de la justicia”.
