En los tribunales de todo Estados Unidos, las personas migrantes que llegan esperando una audiencia de rutina ven en cambio que los jueces desestiman sus casos y que hay agentes del gobierno esperando para arrestarlos.
La primera ofensiva de este controvertido giro en la aplicación de la ley migratoria se desarrolló la semana pasada de costa a costa. Por ejemplo, casi dos docenas de agentes federales llegaron a un tribunal de Phoenix y arrestaron a más de 20 personas al salir del edificio, incluyendo padres con sus hijos, según Greg Chen, director sénior de relaciones gubernamentales de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración.
Paul Hunker, ex abogado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos que ahora ejerce en forma privada, dijo que antes los rechazos de casos y los arrestos en los tribunales de inmigración eran situaciones casi inéditas.
“Nunca se había hecho algo así”, dijo Hunker, quien dejó ICE durante el gobierno de Biden. “Supongo que es una situación de conmoción y asombro. Y un ensayo”.
Una ola de este tipo de detenciones de personas migrantes coincide con un creciente descontento dentro de la administración Trump por el ritmo de los arrestos totales de migrantes.
Durante su exitosa campaña presidencial de 2024, Donald Trump prometió controles fronterizos más estrictos y el mayor programa de deportaciones en la historia de Estados Unidos, presentando la inmigración ilegal como una amenaza para la seguridad pública y el empleo estadounidense. Sin embargo, con un promedio diario de alrededor de 630 arrestos entre el 25 de enero y el 17 de mayo, el ICE no ha cumplido con las ambiciones del presidente.
En una reunión reciente, el asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijeron a los funcionarios de inmigración que aumentaran los arrestos a 3 mil personas por día, con el objetivo de deportar a más de un millón de personas al año, según una persona familiarizada con la discusión.
El tono fue severo: algunos funcionarios abandonaron la sala temiendo perder sus empleos si no cumplían con la cuota. Miller confirmó la directiva a Fox News el miércoles, calificando 3 mil arrestos diarios como el “mínimo”.
Los esfuerzos del gobierno recibieron un impulso este viernes, cuando la Corte Suprema permitió que la administración despojara inmediatamente del derecho legal a vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos a medio millón de personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
La administración Trump ya ha puesto fin al Estatus de Protección Temporal para cientos de miles de venezolanos, ha deportado al menos a 200 migrantes a una prisión de máxima seguridad en El Salvador y ha detenido a manifestantes pro palestinos con tarjetas verdes y visas de estudiante.
El ICE anunció el jueves una reestructuración de su liderazgo con el objetivo de “aumentar el ritmo operativo”. La agencia destacó lo que describió como una cifra histórica de arrestos esta semana y afirmó que está reorganizando a su personal directivo para mantener el ritmo.
Los arrestos de migrantes por parte de la agencia después de que los jueces desestimaran sus casos por completo están generando inquietudes sobre el debido proceso entre los abogados de inmigración. Los tribunales de inmigración son supervisados por el Departamento de Justicia y no por el poder judicial independiente.
“Lo alarmante es que los propios tribunales están empezando a funcionar como engranajes de la maquinaria de deportación, en lugar de como árbitros independientes”, dijo Chen. “Alguien que ya tenía un proceso judicial en marcha ha cambiado ese proceso por completo”, sin previo aviso, añadió.
Una portavoz de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración, la agencia del Departamento de Justicia que supervisa el sistema judicial de inmigración, se negó a hacer comentarios. El ICE se negó a proporcionar detalles sobre cuántas personas fueron arrestadas o deportadas como resultado de la nueva estrategia.
El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa ICE, defendió la operación y dijo que está “implementando el estado de derecho”.
“La mayoría de los extranjeros que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos en los últimos dos años están sujetos a deportaciones aceleradas”, declaró la agencia en un comunicado. “El ICE ahora está cumpliendo la ley y aplicando a estos extranjeros ilegales un proceso de deportación acelerada, como siempre debió hacerse”.
Las tácticas de la agencia se sustentan en una creciente red de control. El ICE ha delegado a policías locales y estatales en docenas de jurisdicciones para detener y procesar a personas inmigrantes, aumentando así el número de personas autorizadas para realizar arrestos.
Los agentes federales involucrados en las redadas en los juzgados y otras incursiones incluyeron oficiales de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la Administración de Control de Drogas e incluso el Servicio de Impuestos Internos.
Trump acelera las deportaciones de migrantes que pedían asilo en EU
Las personas arrestadas en los juzgados después de que los jueces desestiman sus casos están siendo puestas en procedimientos de deportación acelerada.
La deportación acelerada es un mecanismo legal establecido por ley en la década de 1990 que permite a los funcionarios de inmigración deportar a personas sin una audiencia ante un juez de inmigración o una revisión por parte de la Junta de Apelaciones de Inmigración si no pueden mostrar documentos válidos o demostrar que han vivido en Estados Unidos durante al menos dos años.
Si bien la herramienta existe desde hace décadas, rara vez se ha utilizado contra inmigrantes que ya están en Estados Unidos o que tienen casos pendientes en tribunales de inmigración.
En Washington, los republicanos de la Cámara de Representantes están trabajando para financiar el aumento de las deportaciones. Los legisladores aprobaron un aumento masivo del presupuesto que incluye aproximadamente 60 mil millones de dólares adicionales al presupuesto de ICE para cárceles y deportaciones. Si el Senado lo aprueba a esos niveles, ICE tendría el dinero para encarcelar a unas 100 mil personas a la vez y aumentar los vuelos de deportación.
En Miami, Adriana, una inmigrante venezolano-colombiana, se arrodilló para orar en una iglesia local esta semana. Su novio, un solicitante de asilo cubano, fue arrestado por agentes del ICE frente a un tribunal y ahora se encuentra recluido en el centro de detención de Krome, en Florida, afrontando una deportación acelerada.
“Ya nadie está a salvo”, dijo Adriana, negándose a dar su apellido por razones de seguridad.
