Los inversores de países con regímenes fiscales que Estados Unidos considera injustos se enfrentarían a tasas impositivas más elevadas sobre los ingresos obtenidos en el país si se aprueba el proyecto de ley fiscal de Donald Trump que se tramita en el Senado estadounidense.
Una sección del proyecto de ley, aprobado por la Cámara de Representantes el 22 de mayo, apunta a países como Canadá, el Reino Unido, Francia y Australia, que imponen “impuestos sobre los servicios digitales” a las grandes empresas tecnológicas, como Meta Platforms.
También se dirige a los países que utilizan disposiciones de un acuerdo multinacional sobre impuestos mínimos para las empresas.
La medida de apuntar a aliados con los que Estados Unidos tiene tratados fiscales desde hace décadas subraya la voluntad del presidente estadounidense de cambiar o romper acuerdos de larga data con otras naciones.
¿De qué trata el ‘impuesto de venganza’ de Trump que afectará a los aliados de EU?
La llamada disposición de la Sección 899 incluye “lo que se podría llamar un ‘impuesto de venganza’ contra lo que Estados Unidos considera impuestos injustos que otros países gravan a las empresas estadounidenses”, dijo Robert Kepes, socio del bufete de abogados fiscales Morris Kepes Winters LLP en Toronto.
Inversores institucionales, incluidos fondos soberanos, fondos de pensiones e incluso entidades gubernamentales, se verían afectados, así como los inversores minoristas y las empresas con activos en Estados Unidos.

La Sección 899 aumentaría la tasa del impuesto federal sobre la renta pasiva de Estados Unidos, como dividendos, intereses y regalías, obtenida por personas e instituciones con sede en los países afectados. El primer aumento sería de cinco puntos porcentuales, y se incrementaría en otros cinco puntos cada año hasta un máximo de 20 puntos por encima de la tasa legal.
Los tratados fiscales tienen por objeto evitar que una entidad sea gravada varias veces por los mismos ingresos. Esta sección del proyecto de ley “anula efectivamente ciertas obligaciones de los tratados fiscales de EU, lo que supone una desviación significativa de los compromisos adquiridos en tratados de larga data”, según un análisis de los abogados de Greenberg Traurig LLP.
La legislación también anula las normas especiales para organismos gubernamentales como los bancos centrales. Por ejemplo, el Banco de Canadá está actualmente exento de la retención de impuestos por parte de Estados Unidos, “pero esto sugiere que se aplicaría una retención fiscal”, dijo Ronald Nobrega, socio de Fasken Martineau DuMoulin LLP, sobre el proyecto de ley.
El plan fiscal de Trump y el costo para los inversores canadienses
La naturaleza amplia del proyecto de ley también sugiere que los impuestos retenidos podrían aplicarse a los ingresos obtenidos en Estados Unidos en cuentas de jubilación con exención fiscal. “Habría una responsabilidad fiscal inesperada para muchos inversores y empresas canadienses”, dijo Nobrega.
La Asociación de Gestión de Valores e Inversiones, un grupo industrial canadiense, estima que la legislación estadounidense costaría a los inversores canadienses hasta 81 mil millones de dólares canadienses (59 mil millones de dólares) en impuestos adicionales durante siete años.
El proyecto de ley exige al gobierno que nombre a los países con un régimen fiscal injusto, dijo Kepes, dando tiempo a las naciones para intentar negociar su salida del impuesto.
Trump ha criticado constantemente lo que considera impuestos discriminatorios, como el esfuerzo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico por cambiar las normas fiscales para las grandes multinacionales digitales y garantizar que las empresas globales paguen un impuesto mínimo sobre sus ingresos en todos los lugares donde operan. Una de las primeras órdenes ejecutivas del presidente fue retirar a Estados Unidos del trabajo de la OCDE sobre un impuesto global.
La Alianza Empresarial Global afirmó en un comunicado que el proyecto de ley estadounidense “invita a una guerra fiscal global” y dañará la credibilidad de Estados Unidos y socavará la inversión.
Algunas empresas internacionales se enfrentarían a tasas impositivas mucho más altas en Estados Unidos y “los trabajadores estadounidenses, y no los gobiernos extranjeros, serían los más afectados por las consecuencias económicas”, afirmó el grupo.
Los impuestos sobre los servicios digitales que ‘enfurecen’ a Trump
La economía de Canadá está muy integrada con la de Estados Unidos, ya que es el mayor comprador de productos fabricados en territorio estadounidense y uno de sus principales exportadores. En muchos sectores, las empresas canadienses y estadounidenses operan fácilmente a ambos lados de la frontera.
Sin embargo, el gobierno canadiense ha adoptado tanto un impuesto sobre los servicios digitales como un impuesto mínimo global.
El primero es un impuesto del 3 por ciento sobre los ingresos superiores a 20 millones de dólares canadienses obtenidos en Canadá por servicios que “dependen de la participación, los datos y las contribuciones de contenido de los usuarios canadienses” y se aplica a las principales empresas tecnológicas estadounidenses, entre ellas Meta y Alphabet.

Países europeos, entre ellos Francia, el Reino Unido e Italia, aplicaron impuestos similares durante el primer mandato de Trump en la Casa Blanca, alegando que Estados Unidos estaba ralentizando las negociaciones mundiales de la OCDE sobre las normas fiscales para la era digital.
Estas medidas enfurecieron a las empresas tecnológicas estadounidenses y a Trump, que amenazó con imponer aranceles. El gobierno francés afirmó a principios de este año que no renunciará a su impuesto sobre los servicios digitales a pesar del riesgo de represalias por parte de Estados Unidos.
Los grupos empresariales de Canadá han criticado el impuesto sobre los servicios digitales por parecer violar el tratado comercial norteamericano y provocar medidas de represalia por parte de Estados Unidos. El gobierno del primer ministro Mark Carney no ha indicado si considerará la posibilidad de eliminar la medida, que fue introducida por su predecesor, Justin Trudeau.