MADRID.- Si usted es de los que bebe agua Perrier o Vittel con la ilusión de estar tomando la pureza de las vertientes de los Alpes franceses o de los Pirineos, tenga cuidado, puede tratarse de algo parecido a leche Betty, sólo que transparente y con burbujas.
El escándalo por el uso de tratamientos ilegales en aguas embotelladas de Nestlé en Francia escaló ayer a nivel europeo.
Tras meses de acusaciones por encubrimiento y presión empresarial, el gobierno francés anunció este miércoles que consultará a la Comisión Europea (CE) sobre su postura respecto a la normativa vigente que regula la pureza del agua mineral natural, y si considera una posible revisión de la directiva en relación con el uso de microfiltración.
La declaración fue realizada por la ministra de Comercio de Francia, Véronique Louwagie, ante el Senado, en medio de los cuestionamientos por la gestión estatal del caso.
La crisis comenzó cuando Le Monde y Radio France revelaron que Nestlé había utilizado durante años tratamientos no autorizados, como rayos UV, carbón activado y filtros de microfiltración por debajo de 0,8 micrómetros, en marcas como Perrier, Vittel, Hépar y Contrex.
En enero de 2024, la empresa admitió los hechos y pagó una multa de dos millones de euros para evitar un proceso judicial. Sin embargo, nuevos documentos han revelado que el Estado estaba al tanto del problema desde al menos 2021 y decidió no actuar.
La presencia de virus entéricos y bacterias indicadoras, que menciona la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de la Alimentación, del Medio Ambiente y del Trabajo (ANSES) en sus informes, suele estar asociada a contaminación fecal, ya que estos microorganismos –como los enterovirus, rotavirus o bacterias coliformes– habitan normalmente en el tracto intestinal humano o animal. Por eso, su detección en el agua es un indicador clásico de contaminación por heces.
Esto no significa que hubiera heces visibles, pero sí microorganismos que sólo llegan allí por contacto con aguas residuales, filtraciones del suelo o una deficiente protección de los acuíferos.
En una nota confidencial del 20 de enero de 2023, el entonces director general de Salud, Jérôme Salomon, pidió la suspensión inmediata de la autorización de explotación de las plantas de Nestlé, incluidas las de los Vosgos y la de Perrier en Vergèze, en el Gard.
La recomendación se basaba en evaluaciones de ANSES y advertía que el agua extraída no era microbiológicamente sana y que, por tanto, no podía considerarse agua mineral natural.
La microfiltración aplicada –según ANSES– impactaba el microbioma del agua y, además, resultaba ineficaz para eliminar el virus.
De hecho, se alertó sobre la presencia de virus entéricos y otras bacterias patógenas en los pozos de extracción.
Los filtros, al retener bacterias indicadoras, daban una falsa sensación de seguridad, ya que impedían detectar la posible presencia de otros microorganismos peligrosos.
El informe de la Inspección General de Asuntos Sociales (IGAS), confidencial hasta su revelación por la prensa, había advertido también que todos los sitios de producción de Nestlé estaban usando tratamientos no autorizados.
Pese a todo, señalan las investigaciones periodísticas, el gobierno permitió que la compañía continuara sus operaciones tras una consulta interministerial realizada en febrero de 2023, en la que prevaleció la postura del Ministerio de Industria, favorable a la empresa.
El nuevo sistema de microfiltración instalado por Nestlé en el manantial de Perrier fue finalmente rechazado por la prefectura de Gard, el 7 de mayo de este año.
Las autoridades regionales determinaron que este tratamiento modifica el microbioma del agua, contraviniendo la legislación europea.
Mientras, Nestlé defendió su uso alegando que era necesario para garantizar la seguridad sanitaria, aunque no existe evidencia que respalde la eficacia de ese proceso contra virus.
El informe final de la Comisión de Investigación del Senado, publicado el reciente lunes, calificó la actuación del Estado como una “ocultación deliberada” y exigió mayor claridad legal. También recomendó que la ANSES emita una evaluación científica específica sobre las microfiltraciones.
En respuesta, el Ministerio de Salud anunció que emitirá una circular en los próximos días para aclarar la postura oficial y orientar a prefectos y agencias regionales.
Mientras tanto, se abrió una investigación judicial tras una denuncia presentada por la ONG Foodwatch contra Nestlé Waters y Sources Alma por presunto engaño al consumidor.
Aunque el gobierno insiste en que no hay un riesgo directo para la salud, lo revelado por las investigaciones periodísticas de Le Monde, que escalaron al Senado francés y ayer a la Unión Europea, evidencia la falta de transparencia y la debilidad institucional ante el lobby empresarial.