La Suprema Corte de Estados Unidos emitió este martes 6 de mayo una orden que permite al Gobierno de Donald Trump excluir a las personas transgénero del Ejército.
En una orden breve que estará en vigor mientras el asunto se dirime en la corte de apelación, y que se decidió con la oposición de los tres magistrados de tendencia liberal, el tribunal concedió un recurso de emergencia en contra de una decisión de una corte en menor instancia.
Trump firma orden para excluir a trans del Ejército
Poco después de regresar al poder en enero pasado, Trump firmó una orden ejecutiva donde estipuló que identificarse con un género diferente del sexo asignado al nacer “entra en conflicto con el compromiso de un soldado con un estilo de vida honorable, veraz y disciplinado, incluso en su vida personal”.
Para hacer cumplir este decreto, el Pentágono clasificó a la disforia de género -la expresión médica que describe la discrepancia de una persona con el sexo/género asignado al nacer- como una condición médica que descalifica a las personas para el servicio militar.
Según ese documento, el uso de pronombres incompatibles con el sexo asignado comprometía “la capacidad del Gobierno de establecer estándares elevados de preparación de las tropas, letalidad, cohesión, honestidad, humildad, uniformidad e integridad”.
Personas trans en el Ejército de EU
De acuerdo con un documento publicado por el Pentágono a finales de febrero, solo un 0.2 por ciento de las personas que actualmente sirven en las fuerzas armadas son transgénero.
A finales de marzo, una jueza federal en el Distrito de Columbia bloqueó el decreto presidencial contra las personas trans en el Ejército.
La demanda había sido presentada por seis miembros en activo y dos personas que querían alistarse, alegando que esa orden violaba sus derechos constitucionales.
Previamente, jueces federales habían logrado bloquear de momento órdenes ejecutivas relativas al derecho de suelo, al veto a las personas trans en el Ejército o a la congelación de la ayuda exterior, y otros tribunales dirimen si hacerlo con las que afectan, por ejemplo, a la suspensión del derecho de asilo o la propia creación del DOGE.
