Un juez federal en Texas dictaminó que el presidente Donald Trump invocó indebidamente una ley de guerra de 227 años de antigüedad para deportar a pandilleros venezolanos acusados a una prisión de El Salvador, lo que prepara el terreno para lo que podría convertirse en otra batalla de alto riesgo en la Corte Suprema de Estados Unidos.
La decisión de este jueves marca el mayor revés hasta el momento para el esfuerzo de Trump de deportar unilateralmente a presuntos miembros de pandillas bajo la raramente utilizada Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que invocó en una proclamación presidencial del 15 de marzo que desencadenó una ola de arrestos y litigios.
El juez federal de distrito Fernando Rodríguez Jr., designado por Trump, dictaminó que las acciones del presidente eran ilegales porque Estados Unidos no está siendo invadido por una fuerza extranjera ni sufriendo una “incursión depredadora”, como exige la ley, lo que permitiría la expulsión de estos extranjeros sin el debido proceso. La orden de Rodríguez prohíbe permanentemente este tipo de expulsiones de su distrito en el sur de Texas, la primera de este tipo.
“El registro histórico deja claro que la invocación de la AEA por parte del presidente a través de la proclamación excede el alcance del estatuto y es contraria al significado simple y ordinario de los términos del estatuto”, dijo Rodríguez en el fallo.
El fallo es el primero sobre el fondo del intento de Trump de invocar la Ley de Extranjería y Extranjería (AEA) para enviar a ciudadanos venezolanos, presuntamente miembros de la violenta pandilla Tren de Aragua, a una notoria prisión en El Salvador. El juez no impidió que el gobierno deportara a personas bajo otras leyes comunes en tales situaciones, como la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, dijo en un comunicado que el fallo del juez “es sin duda impactante para los más de 77 millones de estadounidenses que dieron al presidente Trump un mandato decisivo el día de las elecciones para hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y deportar a los inmigrantes ilegales terroristas; sin embargo, una y otra vez vemos que los tribunales federales intentan impedir que el presidente ejerza sus autoridades legales para proteger al pueblo estadounidense”.
El vicepresidente JD Vance, en una entrevista con Fox News, señaló que la administración desafiaría cualquier fallo que limite la capacidad de Trump para deportar a inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país.
“Estamos apelando esto con vehemencia”, dijo Vance. “Creemos que los tribunales de apelaciones superiores, y en particular la Corte Suprema, reconocerán que la aplicación de la ley migratoria es una función esencial del presidente de Estados Unidos. Si le dicen al presidente que no puede deportar a delincuentes ilegales, le están diciendo que no puede ser presidente. Rechazamos eso”.
Los inmigrantes venezolanos en Estados Unidos que enfrentan una posible deportación han argumentado desde marzo que la proclamación de la AEA de Trump fue ilegal porque Estados Unidos no está en guerra. Muchos también han negado ser pandilleros, incluido un hombre de Maryland que fue deportado bajo la AEA a su natal El Salvador, violando una orden judicial de inmigración previa.
El abogado Lee Gelernt, asesor principal de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que lidera la batalla legal, declaró que el juez “dictaminó que el presidente no puede declarar unilateralmente una invasión de Estados Unidos e invocar una autoridad de guerra en tiempos de paz. El Congreso nunca pretendió que esta ley de guerra del siglo XVIII se utilizara de esta manera. Esta es una decisión crucial que impide que más personas sean enviadas a la infame prisión CECOT".
Rodríguez dijo que la proclamación de Trump del 15 de marzo no describe una conducta que caiga dentro del significado de la palabra “invasión” a los efectos de invocar la AEA.
La orden de Trump “no hace referencia ni sugiere de ninguna manera que exista una amenaza de que un grupo armado y organizado de individuos ingrese a Estados Unidos bajo dirección de Venezuela para conquistar el país o asumir el control de una parte de la nación”, escribió el juez.
El juez también afirmó que la proclamación no alcanza a describir una incursión depredadora, tal como se entendía el concepto cuando se aprobó la ley hace más de dos siglos. Anteriormente, la AEA solo se había utilizado durante la Guerra de 1812, la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
“Si bien la proclamación menciona que miembros de TdA han causado daños a vidas en Estados Unidos y han participado en delitos, no sugiere que lo hayan hecho mediante un ataque armado organizado, ni que Venezuela haya amenazado o intentado tal ataque a través de miembros de TdA”, dijo el juez.
La Corte Suprema de Estados Unidos ha intervenido en dos ocasiones en estas batallas legales —la más reciente para suspender las deportaciones de un centro de detención en el centro de Texas—, pero no en la cuestión subyacente del uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de Trump. Anteriormente, la mayoría de los jueces dictaminó que estos casos debían presentarse individualmente en las jurisdicciones judiciales donde se encuentran los detenidos, lo que desencadenó una nueva oleada de demandas en todo el país.
