El plan de deportaciones masivas de Donald Trump enfrenta un ‘problemita’: Un juez federal afirmó que hay “causa probable” para detener a funcionarios de la administración Trump por desacato al enviar a presuntos miembros del Tren de Aragua a una prisión de El Salvador en marzo, a pesar de su orden de detener inmediatamente las deportaciones.
El juez federal de distrito James Boasberg emitió este miércoles 16 de abril una orden en la que afirmaba que los funcionarios actuaron con “desprecio deliberado” de su orden verbal del 15 de marzo de dar la vuelta a los aviones que transportaban a los venezolanos que ahora se encuentran recluidos en una prisión de El Salvador.
Boasberg había declarado en una vista judicial celebrada el 3 de abril que “el gobierno actuó de mala fe” a lo largo de ese día.
“El tribunal determina en última instancia que las acciones del gobierno ese día demuestran un desprecio deliberado por su orden, suficiente para que el tribunal concluya que existen motivos fundados para declarar al gobierno en desacato criminal”, escribió Boasberg en el tribunal federal de Washington.
“El tribunal no llega a esta conclusión a la ligera ni de forma precipitada; De hecho, ha dado a los demandados amplias oportunidades para rectificar o explicar sus acciones. Ninguna de sus respuestas ha sido satisfactoria”, reclamó.
¿Qué sigue contra los funcionarios de Trump que no detuvieron deportaciones?
El caso es una de las disputas más destacadas entre la administración del presidente Donald Trump y un juez que está evaluando una de más de 250 demandas que buscan frenar la agenda de la Casa Blanca. Después de que Trump pidiera la destitución de James Boasberg, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, emitió una reprimenda.
Boasberg no responsabilizó a ningún funcionario específico por ahora. Dijo que daría a la administración la oportunidad de cumplir con su orden anterior, posiblemente al afirmar que EU mantiene el control sobre las personas que se encuentran en la prisión salvadoreña y garantizando que puedan presentar su caso ante un juez federal en EU.
Si la administración no cumple, Boasberg advirtió que identificará a las personas para remitirlas al Departamento de Justicia para su posible enjuiciamiento penal. Aclaró que nombrará a un abogado para que se encargue del caso si el Departamento de Justicia se niega a hacerlo.
La administración de Trump se ha resistido firmemente a la idea de que mantiene el control de los detenidos. En un caso separado que involucra a un hombre que fue deportado por error a la misma prisión, la administración dijo el martes que el hombre estaba “bajo la custodia soberana y nacional de la nación independiente de El Salvador”.
Boasberg subrayó que no exigía que los detenidos fueran liberados inmediatamente o devueltos a EU.
El juez dictó la orden a pesar de que el 7 de abril el Tribunal Supremo desestimó la orden de Boasberg que suspendía las deportaciones. Boasberg contestó que esa sentencia “no excusa la violación del gobierno”.
La Constitución de Estados Unidos “no tolera la desobediencia deliberada de las órdenes judiciales” y hacerlo sería una “burla solemne” de la “propia Constitución”, escribió, citando un dictamen del Tribunal Supremo de 1809.
En marzo, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una ley de tiempos de guerra, para deportar a presuntos miembros de la banda Tren de Aragua. La ley se había utilizado anteriormente solo en la Guerra de 1812; la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial.
Boasberg suspendió las expulsiones ese mismo día por motivos relacionados con el debido proceso, lo que desencadenó una batalla sobre la autoridad del presidente para invocar la ley.
El caso es JGG v. Trump . 25 CV-766 Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito de Columbia (Washington).
