El abogado de Luigi Mangione solicitó una orden judicial que prohibiera a los fiscales federales solicitar la pena de muerte en su contra por el asesinato del ejecutivo de UnitedHealth Group, Brian Thompson, afirmando que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, estaba buscando la ejecución como un “truco político”.
Bondi emitió un comunicado de prensa el 1 de abril en el que afirmaba haber ordenado a los fiscales federales de Manhattan que solicitaran la pena capital para Mangione por cometer un asesinato premeditado y a sangre fría. También afirmó que la medida formaba parte de la agenda del presidente Donald Trump para frenar la delincuencia violenta y hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro.
La abogada defensora Karen Friedman Agnifilo dijo en una presentación judicial el viernes que la declaración de Bondi violó el protocolo establecido para buscar la pena de muerte federal y que su invocación de la agenda de Trump dejó en claro que su decisión se basó en la política y no en la ley.
“Hay muchísimo en juego”, dijo Friedman Agnifilo. “El gobierno de Estados Unidos pretende asesinar al Sr. Mangione como maniobra política”.
Mangione, de 26 años, está acusado de disparar mortalmente a Thompson frente a un hotel en el centro de Manhattan en diciembre, antes de huir y desencadenar una persecución que culminó con su arresto en un McDonald’s de Altoona, Pensilvania. Mangione ha sido aclamado como un héroe popular por muchos que afirman que expresó su ira contra el sistema de salud.
Mangione fue imputado por homicidio estatal por la fiscalía de Manhattan días después de su arresto en diciembre. También fue imputado en una denuncia penal federal.
Friedman Agnifilo declaró el viernes que la existencia del caso estatal “socava el interés federal en la pena de muerte”. Añadió que la declaración de Bondi, también publicada en Instagram, podría influir negativamente en la composición del jurado para ambos casos.
La abogada defensora señaló otras decisiones del Departamento de Justicia de Trump que calificó de naturaleza política, incluyendo la desestimación de los cargos de corrupción contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams, la deportación de un hombre salvadoreño a pesar de una orden que prohibía su expulsión y la emisión de órdenes ejecutivas contra importantes bufetes de abogados estadounidenses.
