El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) acordó compartir datos fiscales de inmigrantes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Este nuevo pacto tiene como fin identificar y deportar a personas que se encuentran ilegalmente en el país.
El documento fue firmado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
Este acuerdo permitirá al ICE enviar nombres y direcciones de inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país al IRS, para su verificación cruzada con los registros fiscales.
El Departamento del Tesoro sostiene que este acuerdo ayudará a implementar la agenda del presidente Donald Trump para asegurar las fronteras de Estados Unidos, y forma parte de su amplia ofensiva migratoria a nivel nacional.
Por otro lado, Noem, emitió la primera exención de la actual administración para iniciar la construcción del muro fronterizo en California.
A través de un comunicado, el departamento detalló que esto permitirá iniciar la edificación de aproximadamente 2.5 millas (4 kilómetros) de una nueva barrera en el estado demócrata.
“Para evitar retrasos burocráticos, el DHS está eximiendo leyes ambientales –incluida la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA, por sus siglas en inglés)– que pueden frenar proyectos vitales durante meses o incluso años”, detalló el DHS.
Además, sostuvo que esta exención despeja el camino para el despliegue rápido de barreras físicas en las áreas que más lo necesitan con el presunto objetivo de reforzar la seguridad nacional y el Estado de derecho.
Finalmente, medios estadounidenses reportaron que miles de migrantes que ingresaron a Estados Unidos durante el gobierno de Joe Biden a través de la aplicación CBP One recibieron la orden de dejar el país “inmediatamente”.
Durante el mandato pasado, aproximadamente 900 mil migrantes ingresaron a tierra estadounidense de forma legal a través de este programa.
Sin embargo, ahora muchos de ellos recibieron un correo en el que se les informa que sus permisos han sido revocados y que si permanecen en Estados Unidos pueden ser sometidos a enjuiciamiento.
