Representantes de diez organizaciones de la sociedad civil manifestaron su rechazo a la intención de imponer el "pase automático" para que el Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, se convierta en el Fiscal de la Nación, ya que está incapacitado para ocupar este puesto por razones éticas, morales y por salud de la República.
"Violaciones graves a los derechos humanos, corrupción rampante, crimen organizado y una lacerante impunidad tienen un común denominador: la ausencia de una fiscalía autónoma, capaz e independiente que cimente nuestro Estado de derecho", dijo Liliana Flores Benavides, del Colectivo Nosotros.
En lo anterior coincidieron Salvador Benítez, de Ciudadanos contra la Corrupción; Luis Gerardo Treviño, presidente de Vertebra; y otros dirigentes de Alianza Cívica, Evolución Mexicana y Redes Quinto Poder, entre otras organizaciones.
"Capturada por intereses políticos y económicos distintos al interés público, diseñada para ser complemento perfecto del añejo presidencialismo mexicano, incapaz de cumplir cabalmente su mandato, la PGR es uno de los más costosos y dañinos obstáculos a la procuración de justicia en México", señalaron.
Los dirigentes opinaron que "la deriva de la PGR se constata en las historias de personas agraviadas por la inadecuada investigación de los delitos, que suceden todos los días y se cuentan por miles".
Por tal razón, mencionaron que la PGR se debe transformar en una fiscalía autónoma, capaz e independiente.
"La autonomía constitucional, aprobada en el papel en el 2014, corre el riesgo de ser un simple status jurídico si no viene acompañada de una mayor rendición de cuentas, una supervisión efectiva de su gestión y una completa profesionalización del personal.
"El poder legislativo está a punto de nombrar al Fiscal de la Nación, y quiere que el actual Procurador Raúl Cervantes pase automáticamente; cuestión a la que nos oponemos, pues sería una garantía de impunidad a la clase política que nos gobierna", indicó Hugo Fernández, del Colectivo Nosotros.
Agregó que el Fiscal de la Nación deberá ser un procurador de justicia capaz, honrado, autónomo e independiente de los intereses políticos y económicos.
