Como fue planteado hace un par de semanas en esta misma columna, a nivel global existe un descontento con los resultados del modelo económico fundamentado en la integración de los mercados mundiales al agotarse los beneficios observados en crecimiento, y no haberse traducido en una mejor distribución de la riqueza. Por otra parte, a nivel local los docentes (representados por sus dos principales grupos sindicales, el SNTE y la CNTE) se han manifestado en desacuerdo con las reformas implementadas por el gobierno federal, en particular en torno a los cambios incluidos en la reforma educativa en donde se define la necesidad de evaluar el desempeño de los estudiantes con exámenes estandarizados, entre otros aspectos.
Si bien, como lo han sugerido y analizado otros investigadores en el tema, el común denominador de la inconformidad local y global es una combinación de la información altamente asimétrica, la búsqueda de rentas de diversos grupos de interés, y la explotación de viejos prejuicios raciales, sociales y políticos, existe un problema económico común a los dos temas propuestos en el título de esta columna: la falta de un mecanismo adecuado de compartición de riesgo, es decir, la ausencia de claridad en el "contrato social" que ante la incertidumbre distribuya las ganancias y pérdidas asociadas a situaciones en donde el esfuerzo colectivo determina el éxito de un proyecto, ya sea como país, o como un grupo colectivo.
Considerando únicamente los incentivos asociados a compartir riesgo en un grupo, en el caso de Reino Unido, el contrato social de pertenencia a la Comunidad Europea ofrecía ganancias (oportunidades y movilidad en el empleo, acuerdos multilaterales de comercio, entre otros), pero fueron consideradas inferiores a los costos de orden interno fiscal y monetario, particularmente al ver como su riesgo compartido se incrementaba ante la indisciplina financiera de países como Grecia, Italia, y los conflictos recientes en Turquía.
Usando este mismo enfoque para el caso del magisterio mexicano, esto es, si nos concentramos únicamente en el efecto asociado al riesgo de un proyecto educativo, el tema de la construcción de un contrato social esencial para poder comprender los incentivos detrás de la construcción de una solución educativa integral y óptima.
Desde un punto de vista general, el objetivo de la educación, en particular la básica, es maximizar las habilidades cognitivas y el conocimiento de los niños; así el diagnóstico se vuelve fundamental para identificar los requerimientos educativos en los niños más vulnerables. Por otra parte, la capacidad de aprendizaje del niño es influida por sus capacidades innatas, su familia, su nivel social, y su entorno educativo, esto es, el contenido del programa, las condiciones físicas de la escuela, y la capacidad de transmitir el conocimiento y el esfuerzo dedicado a cátedra del profesor.
Dado todos los factores anteriores, la pregunta en torno a la elaboración del mecanismo de compensación a los docentes es: ¿pueden los profesores influir positivamente en la capacidad de aprendizaje de los niños? ¿Qué tan importantes son los demás factores socioeconómicos en estos resultados? Estas dos preguntas son clave para enriquecer el debate de uno de los componentes fundamentales debatidos en la reforma educativa: el salario percibido de un maestro y su vinculación a los resultados del conocimiento de los niños.
De acuerdo a los estudios sociológicos encabezados por Jean Piaget sobre la naturaleza del desarrollo cognitivo humano, éste es una reorganización progresiva de los procesos mentales que resultan de la maduración biológica y la experiencia ambiental. Así, al igual que lo plantea la teoría del capital humano propuesta por Becker y Schultz, los niños construyen una comprensión del mundo que les rodea, y luego experimentan discrepancias entre lo que ya saben y lo que descubren en su entorno; por tanto el maestro puede influir el aprendizaje de los niños desde el salón de clases.
Bajo la óptica de un modelo de contrato de compartición de riesgo, el salario de un docente debería estar más vinculado a los resultados de los niños entre más importante es su contribución en la formación de conocimiento, premiando sí el esfuerzo de aquellos maestros que aportan mayor valor a la formación de capital humano. Por otra parte, si los maestros no pueden influir en la formación educativa, su salario no debe estar vinculado a los resultados de los niños, y solamente dependerá de sus características y capacidades propias. Esta visión constituye un primer paso a entender la importancia de la evaluación educativa en el diseño de una política educativa exitosa, necesaria para el desarrollo de México.
* Doctorado en Economía en la Universidad de Chicago. Es Profesor Investigador de la Facultad de Economía de la UANL y miembro del SNI-CONACYT Nivel 1.
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