El 2 de junio del 2024, casi 36 millones de mexicanas y mexicanos le dieron el voto a Claudia Sheinbaum para convertirla en la primera presidenta de México.
En esa elección votamos más de 60 millones de personas y sin dejar duda alguna, la mayoría de los mexicanos le dieron su voto de confianza a Claudia Sheinbaum para dirigir el rumbo del país en los próximos seis años.
Ya ha pasado un año completo desde que tomó posesión como jefa del ejecutivo, y la dirección del país no parece cambiar o mejorarse respecto a los temas que más nos deberían de ocupar.
Sin importar el color del partido o la ideología política, creo que el desarrollo y el crecimiento económico tanto equilibrado como sostenido deberían de ser prioridad número uno en cualquier sistema de gobierno.
Creo que si seleccionamos a un líder (o a una líder en este caso) es para que lleve al país a un estado mejor que en el que lo encontró, y esto debe traducirse en bienestar para todas las personas que habitamos aquí.
Esto es, mejores oportunidades de crecimiento, mayor seguridad, mejores niveles de salud y de educación, de riqueza y bienestar en todos los sentidos. Por lo que es evidente la pregunta en este momento: ¿estamos mejor o peor que hace un año?
De acuerdo con los resultados de la última encuesta de Banxico a especialistas en economía del sector privado, la expectativa de crecimiento para este 2025 es de 0.50 por ciento; y los dos grandes retos que tenemos en el país que frenan nuestra capacidad de acelerar el crecimiento, son: (1) la inseguridad generalizada, y (2) la inestabilidad del mercado internacional.
Quien ocupa la jefatura del poder ejecutivo en cualquier país, poco puede hacer para cambiar las condiciones del mercado externo en el corto plazo, a menos que dicho país sea una superpotencia; lo más que se puede hacer es tratar de reducir los efectos de dicha inestabilidad externa mediante la implementación de políticas domésticas que blinden al mercado interno, particularmente a los sectores productivo y laboral.
En este sentido, creo que, si bien la presidenta Sheinbaum ha mantenido una postura firme y ecuánime ante las ocurrencias de quien ocupa la Casa Blanca en el país vecino, creo también que seguimos teniendo una posición débil y limitada ante las decisiones autoritarias y sin sentido de nuestro principal “socio” comercial.
Es decir, si no estamos peor, no necesariamente es por una estrategia deliberada de apuntalamiento del mercado interno en el país; más bien, porque la inercia del encadenamiento productivo sigue moviendo a los sectores económicos, principalmente a los que se enfocan en la exportación y con ello, al resto de la economía.
Pero no hay duda de que la principal preocupación actualmente es con el tema de la inseguridad en el país.
Creo que las notas y acontecimientos que hemos visto en los últimos meses ponen de manifiesto la incapacidad del gobierno federal de mantener el monopolio de la autoridad en ciertas regiones del país. No debería de haber duda de quién ejerce el poder y la autoridad en cada estado o en cada ciudad.
Sin embargo, hay regiones y estados en el país, en donde es evidente que la autoridad y el poder es ejercido por el crimen organizado.
Según datos de INTEGRALIA, en los primeros seis meses de este año hubo 253 hechos de violencia política en el país y de los cuales se registraron 112 asesinatos.
Por otro lado, y de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) el estado de Sinaloa cerró el 2024 con 1,419 homicidios totales de los cuáles 805 fueron homicidios dolosos. La tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes se situó en 25.43 en ese año.
Al mes de septiembre de este año, el SESNSP publicó que el total de homicidios en el estado de Sinaloa sumaban ya 1,467, y el total de homicidios dolosos fue de 1,049, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes al mes de septiembre pasó a 32.91.
Solamente al mes de septiembre de este año los homicidios dolosos se habían incrementado un 30 por ciento en el estado de Sinaloa.
Objetivamente debemos reconocer que, el total de homicidios registrados en el país, así como los homicidios dolosos se han reducido del 2024 al 2025 durante los primeros 9 meses de cada año.
Sin embargo, seguimos observando delitos de alto impacto que nos hacen dudar de la capacidad del Estado para controlar la inseguridad en el país.
Hace unos días me compartieron información del “Global Organized Crime Index” (https://ocindex.net/) que publica indicadores para el 2025 sobre la criminalidad y la resiliencia, o capacidad del Estado para combatir la criminalidad en más de 190 países.
Esta organización trabaja con fondos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, del Gobierno de Noruega, de la Interpol y de otras organizaciones internacionales.
En este índice del 2025 podemos observar que, en cuanto al grado de criminalidad México ocupa el segundo lugar, después de Colombia, dentro de 35 países evaluados en el continente Americano; y en cuanto a la resiliencia ocupamos el lugar 23.
Es decir, tenemos uno de los más altos índices de criminalidad, y tenemos muy baja resiliencia o capacidad del Estado para hacerle frente.
A nivel global, en cuanto al índice de criminalidad, ocupamos el nada honroso tercer lugar después de Myanmar y Colombia dentro de los 193 países evaluados. Pero es verdaderamente preocupante que ocupamos los primeros lugares en tráfico de personas, extorsión y crimen organizado y en tráfico de armas. Ante esta realidad, ¿cuál es la posibilidad real que tiene el Estado para reducir la inseguridad en el país.
En términos de la capacidad del Estado para hacer frente a los problemas de la inseguridad y criminalidad, tenemos un índice de 4.5 sobre 10, lo que implica que tenemos más debilidades que fortalezas en cada uno de los elementos que harían un Estado resiliente.
Nuestro mejor indicador es la capacidad de cooperación internacional, con 7 puntos de 10, y el peor elemento es la integridad territorial con 3 puntos solamente seguido del apoyo formal a víctimas y a testigos, con 3.5 puntos.
Es claro que tenemos un problema grave de capacidad institucional para frenar la inseguridad y no podemos seguir culpando a quienes ocuparon el liderazgo del país hace casi 20 años, echar culpas no es ejercer el liderazgo, echar culpas es esconder la incapacidad de asumir la responsabilidad.
Solo se ejercerá el liderazgo cuando se actúe en consecuencia de la realidad que tenemos actualmente en el país, y se conduzca con responsabilidad y con la vista hacia adelante; es decir, no se puede conducir mirando solamente por el espejo retrovisor.
