Ante las recientes reformas a la Ley Antilavado (Ley PIORPI), que amplían las obligaciones para la banca y las actividades vulnerables y fortalecen las facultades de supervisión, Víctor Hugo Guerra, Head Global Compliance de la Cámara de Comercio Internacional y profesor de la Universidad para la Paz de la ONU, advirtió que los extremos regulatorios son contraproducentes. Por lo que llamó a construir una regulación “inteligente y racional”.
“Los excesos regulatorios y de control está demostrado que no funcionan. Es muy fácil decretar en un papel que existen A, B o C controles, pero después no tienes los recursos para ejecutar lo que estás poniendo en papel”, comentó en entrevista, tras su participación en el panel Nuevos Retos de las Economías Criminales, durante el 2º Congreso Internacional de Oficiales de Cumplimiento, organizado por ASONOC, en el Hotel MS Milenium.
Guerra sostuvo que antes de ampliar obligaciones se debe realizar un análisis económico que permita identificar qué medidas pueden ser realmente efectivas. “Una regulación excesiva lo que hace es abrir espacios al actor criminal, mientras que quienes terminan ahogadas son las actividades legales, que resultan desplazadas”, señaló.
Recordó que las micro, pequeñas y medianas empresas representan cerca del 90% de la economía mundial y son especialmente vulnerables a la infiltración criminal.
Por ello, subrayó la necesidad de distinguir entre las Mipymes informales y aquellas que participan en actividades ilícitas, ya que estas últimas operan al margen de cualquier obligación regulatoria.
Durante la pandemia, añadió, muchas Mipymes carecían del músculo financiero para soportar semanas o meses de cierre.
“Quienes les tocaron la puerta para ofrecer recursos fueron los actores criminales, lo que derivó en la penetración de sus actividades y logística para que pudieran continuar con su negocio, generando una dependencia de la que algunas no han podido salir”, afirmó.
Bienes de uso dual, un riesgo creciente
En el segundo día del Congreso, expertos advirtieron sobre la vulnerabilidad de México en materia de corrupción y el riesgo asociado a los bienes de uso dual en las exportaciones.
Elimelec Moreno, presidente de ASONOC, señaló que la discusión sobre la reforma a la Ley Antilavado subrayó la necesidad de fortalecer la implementación del marco regulatorio en un contexto especialmente sensible: una frontera de más de 3,500 kilómetros con Estados Unidos, altos niveles de corrupción y una creciente porosidad institucional, que incrementan los riesgos de actividades ilícitas.
Moreno destacó que uno de los ponentes llamó la atención sobre la posición de México como importador y exportador de componentes electrónicos, químicos y otros insumos considerados bienes de uso dual —como alcohol isopropílico, botox, drones y celulares—, que pueden convertirse en insumos críticos dentro de las cadenas ilícitas.
A pesar del marco legal existente, persisten brechas en comprensión, robustez y aplicación de la normativa, señalaron los participantes.
En este entorno, afirmaron, el papel de los oficiales de cumplimiento es clave para identificar riesgos y fortalecer los mecanismos de prevención.
