La reciente reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) encendió las alarmas en el sector empresarial, al imponer por primera vez la obligación de contar con sistemas automatizados a todos los sujetos que realizan actividades vulnerables, desde desarrolladoras y arrendadores hasta joyerías e inmobiliarias.
“Si no cumplen, entran en default y serán sancionados. Para muchos será inviable; el riesgo de que cierren es real”, advirtió Elimelec Moreno, presidente de la Asociación Nacional de Oficiales de Cumplimiento Certificados (ASONOC).
La reforma fue publicada el 16 de julio de 2025 y entró en vigor un día después, pese a que la normativa secundaria podría tardar hasta 12 meses.
Aun así, la obligación ya operó sin distinciones de tamaño ni capacidad económica.
Moreno explicó que ahora todos los sujetos obligados deberán contar con manuales de cumplimiento, matrices de riesgo, metodologías y un sistema automatizado capaz de generar alertas y reportes para la Unidad de Inteligencia Financiera.
“Hoy no existe diferencia entre un gigante con presencia nacional y una persona que renta una bodega. La regulación es la misma para todos”, señaló.
Agregó que la sanción mínima supera el millón de pesos, una cifra que consideró “prácticamente una sentencia de muerte” para miles de negocios.
Juan Carlos Medina, director general de MGRC, estimó que alrededor del 60 por ciento de los oficiales de cumplimiento en Latinoamérica ya utiliza herramientas de inteligencia artificial, aunque subrayó que la tecnología no sustituye al especialista humano.
La adopción dependerá del volumen y la complejidad de operaciones, por lo que miles de microempresas no podrán absorber el costo.
ASONOC llamó a iniciar de inmediato los procesos de adecuación, pues esperar a la normativa secundaria podría dejar fuera a quienes no logren implementar a tiempo los nuevos requisitos.
“Quien espere 12 meses para comenzar estará fuera. La ley no perdona”, concluyó Moreno.
