Frente al endurecimiento normativo, el futuro del comercio exterior dependerá de la tecnología, la transparencia y la confianza entre empresas, agentes y autoridad.
La próxima entrada en vigor de la Ley Aduanera 2026 representa un punto relevante en la evolución del marco normativo del comercio exterior en México.
Más allá de una actualización técnica, esta reforma introduce un nuevo modelo de corresponsabilidad entre empresas, agentes y autoridad, orientado al fortalecimiento de la trazabilidad, la transparencia y el control en las operaciones aduaneras.
En el centro de la reforma se encuentran las nuevas disposiciones aplicables a los agentes aduanales, quienes asumen un papel más amplio dentro del cumplimiento fiscal y regulatorio de las operaciones de comercio exterior.
Esta corresponsabilidad se origina por la eliminación de las excluyentes de responsabilidad que establecía el artículo 54 de la Ley Aduanera, el cual fue derogado. Con ello, el marco jurídico traslada al agente aduanal la carga de garantizar la veracidad y exactitud de la información que transmite, aun cuando ésta provenga directamente del importador o exportador.
Este ajuste normativo implica una redistribución de responsabilidades dentro del proceso aduanero, que requerirá una mayor coordinación entre empresas y agentes para asegurar el cumplimiento integral de las disposiciones aplicables.
En materia de sanciones, la nueva legislación establece multas y penalizaciones más amplias, tanto en monto como en alcance. Por ejemplo, se contemplan infracciones relacionadas con la transmisión de información sobre el valor, comercialización y transporte de mercancías, con sanciones que van de $53,500.00 a $106,970.00, o del 250% al 300% del valor comercial en casos de incumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias o cuotas compensatorias.
La nueva legislación también amplía las causales de suspensión y cancelación de la patente del agente aduanal, incorporando supuestos adicionales respecto a la normativa anterior. Entre ellos, se establece la posibilidad de cancelación cuando, al tramitar operaciones de comercio exterior, se declaren datos del importador, exportador o de las propias operaciones que resulten falsos o inexistentes, aun cuando dicha información haya sido proporcionada por el cliente.
Esta disposición evidencia la desproporción con la que se pretende sancionar al coadyuvante, trasladándole responsabilidades que deberían recaer en quien origina los datos o documentos, y frente a las cuales, en muchos casos, el agente aduanal se encuentra materialmente imposibilitado para lograr el objetivo que persigue la ley.
Estos cambios normativos implican modificaciones operativas inmediatas. Nuevos procesos de validación, controles digitales y mayores exigencias documentales prolongarán los tiempos de despacho. Paradójicamente, una ley que pretende modernizar podría terminar ralentizando la operación logística del país. Y cuando los despachos se detienen, también lo hacen las cadenas productivas.
El impacto no se limitará al gremio aduanal. Las empresas importadoras y exportadoras —en especial las del programa IMMEX— deberán robustecer sus controles internos, revisar flujos de información y capacitar a su personal. La autoridad exigirá un mayor grado de certeza sobre el cumplimiento de regulaciones y restricciones, por lo que el costo del cumplimiento aumentará, encareciendo los servicios de importación y exportación y afectando la competitividad de México frente a otros países con esquemas más ágiles.
En este nuevo escenario, la relación entre empresa y agente aduanal también cambiará. Se anticipa la firma de nuevos contratos de prestación de servicios, con cláusulas más precisas sobre responsabilidades, alcances y límites de actuación.
Será indispensable definir con claridad qué corresponde a cada parte y cómo se gestionarán los riesgos derivados de errores o inconsistencias en la información.
Ante este panorama, la tecnología será el principal aliado. La automatización de procesos, el uso de inteligencia artificial para validar datos y la integración de plataformas digitales entre agencias y empresas se convertirán en herramientas esenciales para reducir errores humanos y fortalecer la trazabilidad de las operaciones. No se trata de una opción, sino de una necesidad para sobrevivir en un entorno regulatorio más estricto.
Sin embargo, la modernización tecnológica también implica inversión, capacitación y tiempo de adaptación, lo que impactará directamente en los costos operativos y en la velocidad de respuesta del comercio exterior.
Si estos ajustes no se acompañan de una implementación gradual y de claridad en los criterios de la autoridad, los efectos podrían ser contraproducentes.
El fortalecimiento del control aduanero busca consolidar un sistema moderno, transparente y confiable que contribuya a prevenir prácticas irregulares como el contrabando y la subvaluación. Para alcanzar este objetivo, será importante que la aplicación del marco regulatorio mantenga un equilibrio entre supervisión y facilitación del comercio, de modo que las medidas de control no afecten la competitividad ni la productividad de las operaciones logísticas del país.
En los próximos meses, los agentes aduanales y las empresas deberán trabajar más cerca que nunca. La nueva ley demanda una cultura de corresponsabilidad real y documentada, sustentada en tecnología, procesos sólidos y comunicación transparente.
El cumplimiento normativo deja de ser un requisito técnico para convertirse en una estrategia integral de gestión de riesgo y reputación.
En última instancia, la confianza entre autoridad, agente y empresa será el verdadero punto de equilibrio. La ley puede imponer sanciones, pero solo la cooperación puede garantizar resultados. Sin ese equilibrio, ninguna reforma aduanera —por moderna que se proclame— logrará su propósito: facilitar el comercio sin debilitarlo.
El autor es Asesor del comité de Comercio Exterior de Index Nuevo León.