En México, la pobreza no se mide solo por la falta de ingresos, sino por la acumulación de obstáculos que enfrentan las familias para vivir con dignidad.
Uno de esos obstáculos, silencioso pero persistente, es el IEPS: el impuesto especial sobre productos y servicios que, lejos de mejorar la salud pública, ha terminado por golpear con mayor fuerza a quienes menos tienen.
Desde su creación en 2014, el IEPS a alimentos altamente calóricos y bebidas azucaradas se ha presentado como una medida de salud. Pero los datos cuentan otra historia. La recaudación ha crecido más de 40% en términos reales, mientras que la obesidad y la diabetes siguen en ascenso. ¿Qué nos dice esto? Que el impuesto no ha cumplido su propósito sanitario. Ha sido eficaz para recaudar, pero ineficaz para sanar.
Si lo duda, pregúntele a los corporativos regios como Femsa y Arca Continental, que han tenido que ser el vehículo para que el gobierno recaude miles de millones de pesos de sus consumidores, pues el impuesto, para que funcione, no puede ser absorbido por las empresas, sino pagado por quienes consumen el producto.
Lo más grave es que este impuesto no discrimina por nivel socioeconómico. Afecta a todos, pero castiga más a los pobres. En un país donde millones de familias viven al día, cualquier aumento en productos de consumo cotidiano representa un golpe directo al bolsillo. El IEPS encarece la vida sin ofrecer alternativas reales. No hay acompañamiento nutricional, no hay acceso equitativo a opciones saludables, no hay educación alimentaria efectiva. Solo hay castigo fiscal.
Y el castigo no se queda en el hogar. Se extiende a la economía local. Un aumento en la cuota del IEPS podría reducir la producción en 5.6% y poner en riesgo más de 64,000 empleos, muchos de ellos en tienditas y pequeños comercios. Es decir, se amenaza el sustento de miles de familias en nombre de una política que ni siquiera ha demostrado resultados positivos en salud.
Al impacto directo del impuesto debemos sumar a los pequeños comerciantes, cuya principal fuente de tráfico comercial e ingresos es la venta de bebidas.
Además, resulta ilógico gravar bebidas azucaradas con la excusa de prevenir la obesidad y dejar fuera a los panecillos, dulces, galletas y botanas, entre otros productos, y al mismo tiempo, gravar las bebidas sin azúcar y sin calorías, castigando la innovación en la industria.
La narrativa oficial insiste en que el impuesto busca proteger a la población. Pero en los hechos, lo que protege es la recaudación. En un gobierno que se dice comprometido con el bienestar social, mantener el IEPS como medida aislada es una contradicción. No se puede hablar de justicia social mientras se perpetúa una política que profundiza la inequidad.
La salud pública exige soluciones integrales, no parches fiscales. El sobrepeso y la obesidad son problemas multifactoriales que requieren educación, prevención, acceso a servicios médicos y opciones alimentarias reales. Responsabilizar a un solo producto o categoría desvía la atención de los verdaderos retos del sistema de salud.
Si el bienestar es la prioridad, entonces el IEPS debe ser replanteado. No como un castigo, sino como parte de una estrategia más amplia, basada en evidencia, corresponsabilidad y justicia. Porque en México, la salud no debe ser un lujo, y la pobreza no debe ser un blanco fiscal.