El endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos ha modificado los flujos hacia México y, en particular, hacia Nuevo León por lo que Monterrey se ha convertido en un destino para migrantes nacionales y extranjeros que buscan empleo, industria y mejores salarios.
“Lo que hemos visto es que disminuyeron los intentos de llegar a Estados Unidos, y eso ha provocado que mucha migración se quede en México”, señaló Rubria Rocha de Luna, investigadora postdoctoral en la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey.
De acuerdo con la especialista, Monterrey resulta atractivo por la presencia de empresas, la diversidad de empleos y una calidad de vida percibida como superior frente a otros estados.
“Es una ciudad muy grande, con mucha industria y diversidad de trabajo; eso puede ser un atractivo, además de que los ingresos son un poco mayores que en otras regiones”, explicó.
El fenómeno, sin embargo, ha puesto en evidencia la falta de planeación urbana por lo que Rocha advirtió que gran parte de los migrantes se asienta en la periferia metropolitana, en zonas con servicios insuficientes y problemas de transporte.
“El crecimiento poblacional incluyendo la migración debería analizarse desde la planeación urbana. Cuando se dice ‘ya no cabemos’, se alimenta un discurso de exclusión, cuando en realidad los más afectados son los migrantes, que no encuentran las condiciones para mejorar su calidad de vida”, apuntó.
La investigadora añadió que este escenario genera presión sobre servicios públicos, vivienda e infraestructura, lo que afecta tanto a la población migrante como a los habitantes locales. A su vez, la falta de documentos de muchos migrantes limita sus posibilidades de acceder a empleos formales y a la seguridad social.
Aunque la migración internacional es un tema federal, sus impactos se concentran en los estados y municipios.
Rocha explicó que “en el nivel local es donde se viven las consecuencias: vivienda, salud, empleo, seguridad y educación. Por eso, estados y municipios deben coordinarse con la federación para generar diagnósticos actualizados y políticas de integración”.
Actualmente, gran parte de la atención a migrantes recae en asociaciones civiles que operan con recursos limitados y con un enfoque asistencialista, centrado en cubrir necesidades básicas como alimento y techo. Sin embargo, este esquema no garantiza la integración de largo plazo.
“Más que ver la migración como una amenaza, deberíamos entenderla como una oportunidad para construir una sociedad más diversa y productiva. Para ello es indispensable que el Estado asuma un rol más proactivo, con políticas públicas integrales y un discurso que fomente la inclusión, no la exclusión”, concluyó Rocha.
