Sólo a través de una legislación moderna, inclusiva y efectiva será posible consolidar un comercio electrónico verdaderamente sostenible y democrático en Nuevo León y en todo México.
El análisis jurídico del comercio electrónico en México permite advertir no solo la magnitud del cambio económico y tecnológico que esta modalidad representa, sino también la complejidad de los desafíos normativos que emergen en un entorno digital en constante evolución.
Un estudio reciente de la UDEM, en el que participé, evidencia que el comercio electrónico ha transformado la estructura tradicional del comercio, impulsando nuevas formas de interacción entre consumidores, empresas y autoridades, donde la velocidad, la automatización y la globalidad son elementos determinantes.
En el contexto mexicano, si bien se han logrado avances relevantes en materia de regulación —como el reconocimiento legal de los contratos y las firmas electrónicas, la protección de datos personales y los derechos del consumidor digital—, aún persisten vacíos normativos importantes, especialmente en relación con el uso de algoritmos, la fiscalidad digital y la ciberseguridad. Este escenario plantea la necesidad urgente de adecuar el marco jurídico nacional a los retos contemporáneos de la economía digital.
Uno de los hallazgos más significativos de esta investigación es la vulnerabilidad jurídica del consumidor mexicano, quien, pese a contar con derechos formalmente reconocidos, enfrenta barreras estructurales, tecnológicas y de información que dificultan su ejercicio pleno en el entorno digital. La opacidad de los algoritmos, las cláusulas contractuales abusivas, la asimetría informativa y la limitada cultura legal digital agravan esta situación, especialmente para grupos en condición de desigualdad.
Asimismo, el estudio destaca la importancia de garantizar una responsabilidad algorítmica efectiva, como eje clave para la justicia digital. El uso de inteligencia artificial y automatización en las plataformas de comercio electrónico exige una respuesta legal proactiva, que contemple principios de transparencia, no discriminación, trazabilidad de decisiones y mecanismos de supervisión que impidan abusos y errores sistemáticos. La regulación de estos sistemas debe abordarse con un enfoque de derechos humanos y justicia social, considerando tanto los beneficios como los riesgos que implican.
En conclusión, el comercio electrónico en México requiere un ecosistema jurídico más robusto, dinámico y coherente, que no solo regule lo existente, sino que también anticipe los desafíos de la innovación tecnológica. La articulación entre el derecho, la ética y la tecnología es indispensable para construir un entorno digital justo, donde la protección del usuario, la equidad comercial y la confianza en las transacciones sean principios rectores.
La autora es Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y Maestra en Derecho de la Empresa por la Universidad de Monterrey (UDEM). También es especialista en derecho del consumidor, con experiencia en la atención, asesoría y resolución de controversias en materia de protección al consumidor ante la PROFECO.