En los últimos años ha habido, a nivel mundial, una serie de estudios y reflexiones acerca de la importancia de la inclusión financiera para combatir la pobreza, pero ahora de una manera renovada, gracias a las tecnologías digitales.
Es innegable que, en la actualidad, el principal vehículo de inclusión financiera es el teléfono móvil, a través del cual se accede a aplicaciones digitales.
Estas herramientas, integradas en el ecosistema Fintech, representan una vía ágil y accesible para ampliar los servicios financieros, respaldadas por un sólido soporte tecnológico.
Del otro lado del teléfono móvil, en el lado de las empresas, el lenguaje se ha vuelto algo así como blockchain, cryptomonedas, wallet, stablecoins, token, cross-border payments, entre otros, que para muchos usuarios son transparentes, pero que están propiciando cambios irreversibles en la sociedad, lo que está impulsando una mayor independencia financiera basada en tecnologías descentralizadas, las cuales tienen una garantía de confiabilidad que ofrece transparencia, seguimiento, además de una reducción de la corrupción en el uso de los recursos.
Precisamente en este sentido, una herramienta con gran potencial en la lucha contra la pobreza es el uso de la tecnología blockchain y de nuevas formas de dinero digital, como las criptomonedas estables (stablecoins) y las monedas digitales emitidas por bancos centrales (CBDC).
Estas últimas constituyen una versión oficial de dinero electrónico, respaldada y emitida directamente por las autoridades monetarias, lo que garantiza confianza y estabilidad.
En contraste, las stablecoins son instrumentos de carácter privado que, aunque no cuentan con el respaldo de un banco central, están diseñadas para mantener su valor anclado a una divisa u otro activo de referencia, reduciendo así la volatilidad que caracteriza a criptomonedas como el Bitcoin.
Imaginemos un escenario en el que todos los programas de gobierno se distribuyen a través de divisas digitales. Por su propia naturaleza, estas monedas obligarían a los beneficiarios a desarrollar rápidamente habilidades en el uso de tecnologías financieras, ya que no podrían convertirse en efectivo, sino que tendrían que gastarse de manera digital.
Paralelamente, se fomentaría que los comercios —desde los ubicados en grandes ciudades hasta aquellos en comunidades rurales— cuenten con la infraestructura necesaria para recibir pagos en moneda digital, aprovechando el hecho de que hoy prácticamente todos disponen de un teléfono móvil.
Además, los avances tecnológicos actuales permiten que estas operaciones no dependan exclusivamente de la red telefónica, sino que también puedan realizarse a través de conexiones satelitales, ampliando el alcance y la inclusión financiera incluso en las zonas más remotas.
Gracias a la tecnología de cadena de bloques, cada peso asignado a los beneficiarios de un programa puede rastrearse con total precisión.
Esto permitiría no sólo verificar en qué se utilizan los recursos, sino también evaluar con mayor rigor la efectividad del apoyo y garantizar que cumple con el propósito para el cual fue diseñado.
Asimismo, la trazabilidad de esta tecnología reduce significativamente el riesgo de desvíos o duplicidades, ya que cada beneficiario queda plenamente identificado dentro del sistema.
Al aplicarse de manera uniforme en todos los programas, se podría detectar fácilmente si una persona intenta acceder de forma indebida a más de un apoyo, reforzando la transparencia y la rendición de cuentas en la política social.
Así, se tendría una herramienta muy efectiva que cumpla con tres objetivos: 1) el de contribuir a la reducción de la pobreza; 2) impulsar la inclusión financiera y, al mismo tiempo, 3) cerrar la puerta a la corrupción y mal uso de los recursos que se destinan para este fin. El resultado no es menor y merece ser considerado con seriedad, ya que podría contribuir a resolver muchos de los problemas vinculados al uso de los recursos públicos en el país.
Al mismo tiempo, esta tecnología también ofrecería herramientas para enfrentar los desafíos que han afectado a instituciones financieras mexicanas, particularmente en lo relacionado con el lavado de dinero.
Si bien, como toda innovación, esta tecnología requiere preparación, adaptación y un proceso de aprendizaje, su implementación gradual con la participación del sector financiero resulta perfectamente viable.
Una vez dominada, no sólo fortalecería la eficiencia y transparencia en el manejo de recursos, sino que abriría la puerta al desarrollo de una amplia gama de productos y servicios financieros desde el sector privado, impulsando simultáneamente el crecimiento de la economía y la profundización del sistema financiero.
Este esfuerzo inicial puede y debe entenderse como un bien público para la sociedad.
Más allá de los avances ya logrados en materia de conectividad —como la red de internet de la CFE y las iniciativas locales—, representaría un paso decisivo hacia la digitalización financiera del país, con beneficios que trascienden lo tecnológico para impactar en la inclusión, la eficiencia y la competitividad nacional.
El autor es profesor del departamento de Contabilidad y Finanzas en el campus Estado de México y líder del Financial Access, Inclusion and Research Center de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.
Contacto: pablo.pereza@tec.mx