En los últimos dos años la posición de la deuda pública de México ha pasado de ser una variable macroeconómica relativamente estable —en el que las cifras se mantenían en rangos manejables para una economía emergente— a ocupar un lugar central en la discusión de la política pública.
La preocupación sobre este tema no es menor por dos motivos fundamentales e innegables ante la evidencia: 1) un incremento significativo en los saldos nominales y relativos al PIB, y 2) los cambios en la composición y necesidades de financiamiento del sector público que elevan la vulnerabilidad ante choques externos. En esta columna reflexionaremos sobre este tema que, como veremos, anticipa otro cambio importante en los indicadores que hemos de seguir de cerca para su evaluación.
El antecedente general al respecto da cuenta de que las cifras oficiales muestran que el saldo de deuda interna neta del Gobierno Federal asciende a niveles que ya superan los 13 billones de pesos en términos nominales, y que la relación deuda/PIB del sector público se ubica alrededor de la mitad del producto nacional.
¿Por qué importa este cambio? Primero, porque la deuda pública no sólo es un número contable de estado sino que además determina los costos financieros del Estado, condiciona la capacidad de respuesta ante recesiones y grava la flexibilidad fiscal para invertir en infraestructura, salud y educación. Segundo, porque la composición de la deuda (externa vs. interna, moneda, plazos) y las condiciones de financiamiento (tasas, vencimientos concentrados) determinan el riesgo de refinanciamiento y la exposición a tipos de interés y a episodios de fuga de capitales.
En el caso mexicano, la Posición de Deuda Externa Bruta alcanzó en el primer trimestre de 2025 un monto equivalente a cerca del 34% del PIB, lo que subraya que la vulnerabilidad externa sigue siendo un factor relevante.
El paquete fiscal y las proyecciones oficiales muestran necesidades de financiamiento del sector público que siguen siendo significativas en el corto plazo. Documentos oficiales de programación presupuestaria señalan que, si bien hay esfuerzos por reducir el déficit, las necesidades brutas de financiamiento siguen siendo elevadas (por ejemplo, instrucciones de planificación para 2025 que estiman niveles importantes de colocación y emisión). Esto obliga a emitir más deuda y a prolongar plazos de maduración en el mercado local e internacional.
Por otra parte, las decisiones de política respecto a empresas estatales, como Pemex, y a prioridades de gasto público (enfocado en transferencias, programas sociales y rescates o saneamientos del sector energético) han incrementado las obligaciones pasivas implícitas y explícitas del Estado. Cuando una porción importante del ajuste fiscal depende de transferencias o rescates a empresas públicas, el crédito soberano asimila mayores riesgos de reputación y de sostenibilidad intertemporal.
Las propuestas de paquete económico recientes, e incluso debates legislativos sobre destinación de recursos, han re-encendido esta preocupación en los mercados y en los analistas.
También, aunque México mantiene acceso a los mercados internacionales y una base de inversionistas domésticos relativamente profunda, el alza de tasas globales, la volatilidad en los mercados emergentes y la posibilidad de episodios de riesgo global (rechazo a deuda de EM, apreciación del dólar) aumentan el costo de oportunidad y la prima exigida por los acreedores. El Fondo Monetario Internacional, en sus análisis recientes, subraya la importancia de gestionar la política fiscal bajo alta incertidumbre para preservar la sostenibilidad.
Todo lo anterior resulta en retos concretos en el corto y mediano plazo para las finanzas públicas.
Primero, recordemos que concentraciones de vencimientos en ventanas cortas elevan el riesgo de refinanciamiento. La autoridad fiscal, encabezada por el Secretario Edgar Amador Zamora, deberá continuar alargando plazos cuando sea factible y aprovechar ventanas de menor volatilidad para reducir la exposición en dólares y en renta variable externa. El objetivo es evitar que una fuga de capitales obligue a ajustes abruptos del tipo de cambio y de la tasa de interés.
Por otra parte, es importante la consolidación del balance primario sin sacrificar inversión productiva. Esta corrección fiscal que atenúe la trayectoria de deuda debe priorizar la eficiencia del gasto y la inversión en proyectos con retorno social y económico, evitando recortes indiscriminados en inversión pública que dañen el crecimiento potencial. Incrementos de recaudación ciertamente ayudan, pero deben enfocarse en ampliar la base tributaria y mejorar la administración, no en elevar distorsiones fiscales que perjudiquen la actividad.
Con respecto a la transparencia y contabilización de obligaciones contingentes, es crucial mejorar la visibilidad de pasivos asociados a empresas estatales y a esquemas de apoyo fiscal (garantías, rescates). Una contabilidad más clara reduce la prima de riesgo exigida y mejora la credibilidad ante los mercados y organismos multilaterales. La publicación periódica, fragmentación y diversificación de la composición de la deuda y de los riesgos asociados se vuelve en una condición mínima para generar la confianza de todos los agentes económicos.
De la mano de lo anterior, es necesario el fortalecimiento de las instituciones fiscales nacionales. Esto se logra a partir de reforzar reglas de gasto, marcos de evaluación de proyectos y una mayor autonomía técnica de las entidades encargadas del análisis fiscal (instituciones que hagan perspectivas independientes de mediano plazo) aumentaría la calidad de las decisiones y la confianza de los inversionistas.
Todos los elementos anteriores nos invitan a focalizar recomendaciones puntuales de política en la administracion de la deuda.
Como primer punto, se debe priorizar acciones que mejoren la relación deuda/PIB desde el lado del crecimiento: incentivar inversión privada productiva y logística que aumente la base imponible y el crecimiento potencial.
Por otra parte, es fundamental consolidar una estrategia de emisión que favorezca instrumentos en moneda local con plazos más largos y mayor profundidad del mercado doméstico, reduciendo la fragilidad frente a shocks externos.
Así también es importante implementar reformas administrativas para elevar eficiencia tributaria y ampliar la base sin crear cargas excesivas a la inversión; usar la recaudación incremental para reducir el déficit primario.
Finalmente, se debe también considerar el publicar escenarios fiscales por debajo y por encima del lineamiento central que incluyan choques de tasas, caída de producto y contingencias asociadas a empresas públicas, permitiendo captirar el entorno volátil e incierto que incrementa el riesgo específico del país en el contexto actual.
México tiene todavía espacio —por la profundidad de mercado interno y la credibilidad de las instituciones macroeconómicas— para gestionar la deuda sin caer en una crisis inminente.
Sin embargo, ese espacio no es ilimitado: la combinación de un incremento reciente del saldo de deuda, mayores necesidades de financiamiento y riesgos externos exige una estrategia prudente, transparente y orientada a crecimiento.
La prioridad inmediata debería ser estabilizar la trayectoria de deuda mediante una mezcla de disciplina fiscal inteligente (no pro-cíclica), reforma administrativa para mejorar la recaudación y políticas que reduzcan la exposición a contingencias fiscales. Negarse a ajustar las prioridades fiscales o realizar un manejo prudente de las finanzas públicas nos conducirá, invariablemente, a acelerar un ajuste abrupto en la economía de nuestro país.