Aunque Nuevo León (NL) se mantiene como uno de los estados con menor tasa de informalidad laboral en el país, especialistas advierten que el fenómeno sigue afectando a sectores clave de la economía local a pesar de que los empleados tengan un mayor nivel de escolaridad y especialmente a aquellos segmentos con trabajadores con bajo nivel educativo y limitada vinculación institucional.
De acuerdo con cifras del Inegi, en el primer trimestre de 2025 el 32.5 por ciento de la población ocupada en NL se encontraba en condiciones de informalidad, nivel que pasó al 33.7 por ciento en el segundo trimestre, cifra que contrasta con el promedio nacional, que supera el 56.1 por ciento.
Sin embargo, el dato no refleja las disparidades internas entre zonas urbanas e industriales y municipios periféricos como Juárez, Pesquería y García.
A finales del mes pasado, la Coparmex Nuevo León señaló que el nivel educativo que tienen las personas ocupadas en las unidades económicas –formales e informales- de Nuevo León es más alto hoy que hace dos años.
El organismo dijo que su análisis revela que el nivel de estudios que tiene la mayor proporción del personal ocupado en Nuevo León y el País, respecto del total, es de educación media superior.
Cecilia Carrillo, directora de Coparmex, destacó el avance educativo del personal ocupado, al señalar que esto genera mayor productividad y competitividad a la economía nacional y a la de Nuevo León.
“Mayor educación significa una mejora en el capital humano, lo que se traduce en un aumento en productividad y en la competitividad de la organización. En la medida que esto ocurra, los resultados de las empresas mejorarán, y con esto los del País”, apuntó.
Según la Medición de la Economía Informal (MEI) del Inegi, este segmento representó cerca del 23 por ciento del PIB nacional en el primer trimestre de este año y estudios del Colegio de México y del Centro de Estudios Espinosa Yglesias han documentado que la informalidad está correlacionada con bajos niveles de productividad, escasa capacitación laboral y ausencia de protección social.
Organizaciones civiles y académicos han comenzado a exigir que los informes de responsabilidad social empresarial incluyan indicadores de inclusión laboral, formalización y acceso a derechos. En paralelo, se han propuesto reformas fiscales y educativas que reduzcan las barreras de entrada al empleo formal, especialmente para jóvenes y mujeres en zonas de alta vulnerabilidad.
“La informalidad no es una decisión voluntaria, sino una respuesta estructural ante la falta de oportunidades formales, educativas y fiscales”, señaló recientemente Edgar Martínez, analista en políticas públicas y autor de investigaciones sobre sostenibilidad corporativa y exclusión económica.
Recientemente, Jesús Rubio, economista investigador del Colegio de la Frontera Norte, explicó a El Financiero que NL es de los estados con menores tasas de informalidad a nivel nacional.
“Esto tiene que ver con varias cuestiones, principalmente por el dinamismo económico de NL que es mucho mayor que otros estados y además porque también cuenta con programas y políticas que incentivan mucho la creación de negocios formales, préstamos a emprendedores y el acompañamiento por parte de la Secretaría de Economía, lo que hace que baje la informalidad”.
Sobre ese punto, Emmanuel Loo, actual Subsecretario de Economía, Innovación e Inversión, también señaló recientemente que “somos número uno en informalidad baja, estamos muy contentos de que cada vez en Nuevo León hay menos y menos informalidad, que nuestro objetivo es que sigue bajando este número y seguir siendo los número uno en informalidad a nivel nacional”.
A pesar de lo anterior, otros expertos señalan que “en NL, la informalidad se concentra donde el Estado no regula, donde la educación no alcanza, y donde el mercado formal no absorbe”.
Agregan que, aunque el Estado presenta niveles de escolaridad superiores al promedio nacional, persisten brechas significativas en el acceso a educación media superior y superior, lo que limita la movilidad laboral y perpetúa la informalidad en sectores como comercio, servicios personales y manufactura ligera.
