En el centro del debate sobre el bienestar nacional se encuentra una noción que se repite con insistencia: el ingreso digno. Más que un concepto técnico, es un reclamo social que se encarna en la vida de millones de familias mexicanas.
Definirlo no arroja una cifra única, porque lo que representa la suficiencia económica varía profundamente según la región y el contexto. Negar esta evidencia sólo acentúa la desigualdad y limita el potencial de quienes aspiran a vivir con dignidad.
Hoy, los datos muestran que más del 40% de la población sigue en condiciones de pobreza (https://www.inegi.org.mx), mientras que diversas investigaciones estiman que un ingreso digno debería rondar los 13,500 pesos mensuales por persona.
La geografía mexicana es implacable al determinar lo que cuesta vivir. El precio de la canasta básica puede variar en 300 pesos entre regiones (https://www.gob.mx/profeco), y la vivienda marca aún mayores diferencias.
En la Ciudad de México, el promedio de renta supera los 37,000 pesos al mes (https://www.inmuebles24.com), mientras que en entidades como Chiapas y Oaxaca oscila entre los 10,000 y 27,000.
La disparidad del costo de vida obliga a matizar cualquier propuesta de ingreso digno, pues lo que alcanza en el sur puede quedarse corto en el norte y viceversa.
A ello se suman los servicios básicos, donde las brechas siguen siendo visibles. En áreas rurales, la inseguridad hídrica llega a porcentajes ligeramente superiores a los de las zonas urbanas, y el costo de asegurar agua potable recae directamente en los bolsillos de las familias (https://ensanut.insp.mx).
Estos factores, invisibles en los promedios nacionales, terminan multiplicando las cargas económicas de los hogares más vulnerables.
El panorama se complica con las particularidades socioeconómicas; hábitos de consumo ligados a costumbres locales, estructuras familiares más grandes en zonas rurales e históricas carencias acumuladas en el sur del país.
De acuerdo con diversas investigaciones, es en estas regiones donde la pobreza multidimensional muestra sus rasgos más persistentes, recordándonos que subsistir no cuesta lo mismo en todas partes.
Frente a estas realidades, resulta alentador observar el creciente compromiso del sector empresarial. Cada vez más líderes asumen que el bienestar de sus colaboradores no es un gasto, sino una inversión estratégica.
Apostar a que en 2025 los trabajadores puedan recibir alrededor de 13,500 pesos mensuales, por persona, es más que una meta simbólica; es reconocer que la productividad y la lealtad florecen cuando existe un salario justo.
Algunas compañías ya han decidido superar los mínimos legales, ofreciendo ingresos que permiten cubrir no sólo alimentación, vivienda y salud, sino también abrir espacios para la educación, el esparcimiento y nuevas oportunidades. Este paso revela que el salario puede ser un pilar de dignidad y no únicamente un recurso de subsistencia.
El mensaje es claro: no hay una fórmula uniforme que pueda dictarse desde la capital.
Alcanzar un ingreso digno requiere atender las particularidades de cada comunidad, y exige un compromiso sostenido tanto del sector público como del privado.
Desde las variaciones en los precios locales hasta la calidad de los servicios básicos, cada factor moldea lo que significa vivir con suficiencia.
México no puede aspirar a la prosperidad si una gran parte de su población permanece atrapada en la precariedad. Construir un futuro justo pasa, inevitablemente, por garantizar que el trabajo sea sinónimo de dignidad y no de carencia.
La autora es profesora de tiempo completo en el Departamento de Gestión y Liderazgo de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.
Contacto: pilar.gomcar@tec.mxAfiliación